ARA San Juan: la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para cuatro exoficiales de la Armada

EL CALAFATE.- El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre cinco y tres años y medio de prisión para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que costó la vida a sus 44 tripulantes.

La acusación, que marca el inicio del tramo final del juicio, recayó sobre el contralmirante (re) Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, ambos con pedido de cinco años de prisión. Para el capitán de navío (re) Héctor Aníbal Alonso se solicitaron cuatro años, y para el capitán de fragata (re) Hugo Miguel Correa, tres años y seis meses.

Los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto a la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, solicitaron además de las penas de prisión, la inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso. Consideran a los cuatro marinos autores penalmente responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado, por haber causado la muerte de los 44 tripulantes del submarino.

El alegato fiscal se extendió por diez horas en el Tribunal Oral Federal Criminal de Río Gallegos, presidido por Mario Reynaldi, y sienta las bases para las últimas etapas del proceso judicial.

Las deficiencias y la cadena de responsabilidades

El equipo del Ministerio Público Fiscal afirmó que el submarino ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata para cumplir la orden de operaciones “en condiciones técnico-operativas deficientes”. Los fiscales sostienen que los cuatro imputados estaban en conocimiento de que no se habían cumplido los ciclos de mantenimiento correctivo programados ni se habían atendido los informes técnicos de inspección y pedidos recibidos, según detalló el fiscal Gastón Prozán.

La acusación fiscal argumenta que lo sucedido el 15 de noviembre “no fue un hecho instantáneo, fortuito, imprevisible, sino que hubiera podido ser evitado por parte de los cuatro imputados”. Estos, según la fiscalía, tenían una “especial situación de garantía en función de sus cargos con específicas funciones de seguridad, alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios del poder naval”.

El juicio, que comenzó el 3 de marzo de 2026, reconstruyó el historial del ARA San Juan desde su ingreso en 2007 a la reparación de media vida hasta el 2015. Durante este período y posteriormente, el buque acumuló desperfectos técnicos documentados por los distintos comandantes, los cuales fueron expuestos en las audiencias. Se documentó que, al iniciar su última travesía, el submarino había excedido largamente el intervalo reglamentario establecido entre puestas en seco para las tareas de mantenimiento planificado por su fabricante.

Para los fiscales, cuando la nave zarpó el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a la Base Naval Ushuaia lo hizo en “condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”, sobre las cuales se construyó la imputación.

La última travesía y el rol de cada acusado

El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Ushuaia hacia su área de patrulla asignada. Tres días después, entre las 22.35 y las 23.42 del 14 de noviembre, se produjo un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías N° 3, ocasionando un cortocircuito y un principio de incendio. Al día siguiente, el 15 de noviembre a las 10.51, se produjo la pérdida de plano y la posterior implosión de la unidad al superar la profundidad de colapso, resultando en la muerte de los 44 tripulantes.

El fiscal Lucas Colla se explayó sobre la responsabilidad de López Mazzeo, señalando que “la infracción del deber de cuidado aumentó el peligro en los submarinistas a partir de su zarpada el día 25 de octubre de 2017 y su ulterior pérdida”. Colla agregó que la emisión de órdenes operativas en las condiciones en que se encontraba el submarino, más la información que López Mazzeo tenía luego de la navegación de julio, constituyen el eje central del quebrantamiento de sus deberes.

Por su parte, la fiscal María Garmendia, de la PIA, acusó a Villamide y denunció un intento de las defensas de “poner en cabeza del comandante la responsabilidad sobre todos estos eventos para deshacerse de la responsabilidad”. Garmendia puso en valor el informe del comandante Pedro Martín Fernández, que reconocía una maniobra en la válvula E-19, afirmando que “no puede ser usado como un ausente útil para desligarse de responsabilidad”.

La fiscalía construyó su acusación sobre las funciones específicas que cada imputado ejercía en la cadena de mando y que, según el MPF, incumplieron de manera determinante:

• A Claudio Javier Villamide, titular del Comando de la Fuerza de Submarinos entre febrero y noviembre de 2017, se le atribuye haber permitido que el submarino participara de su última misión pese a conocer el vencimiento del mantenimiento, el pedido de ingreso a dique seco formulado por el comandante de la nave en marzo de 2017 y las graves deficiencias registradas en la navegación de julio de ese mismo año.
• A Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), se le imputa no haber ejercido la supervisión respecto del ARA San Juan, pese a conocer la falta de mantenimiento programado, el deterioro del equipamiento y las anomalías registradas en navegaciones anteriores.
• Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento, suscribió la Orden de Operaciones COFS 04/17 en ausencia del titular del Comando, sabiendo las dificultades que el submarino enfrentaría.
• Hugo Miguel Correa, jefe de Comunicaciones y de la Central de Comunicaciones de Submarinos (Cencomsub), es acusado de no haber asegurado un servicio de comunicaciones rápido y seguro entre el ARA San Juan y el Comando de la Fuerza de Submarinos durante la última navegación, participando activamente en la confección de la orden de operaciones.

Para los fiscales, cada uno de los cuatro imputados posibilitó, con sus conductas u omisiones, que se dieran las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido en la actividad submarina. El fiscal Pruzán concluyó: “El accionar imprudente de los cuatro imputados debe ser objeto de la condena solicitada por este Ministerio Público Fiscal, conforme la prueba expuesta”.