Cristina candidata: Pichetto impulsa anular la condena por Vialidad, pero Kicillof y Massa dudan
El exsenador Miguel Pichetto volvió a reunirse con Cristina Kirchner y reflotó su propuesta para que el Congreso anule la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La iniciativa, que generó un debate sobre su viabilidad jurídica y política, es impulsada por el kirchnerismo más cercano a la expresidenta, aunque encuentra resistencias en otros sectores del peronismo, como el que representa Axel Kicillof y el Frente Renovador.
La propuesta de Pichetto busca darle un marco institucional a la defensa de la expresidenta, quien fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El objetivo es instalar políticamente la idea, más allá de las discusiones sobre su legalidad y la falta de un tratamiento parlamentario inminente.
“Está en estudio entre los asesores del bloque. Pichetto lo fundamenta en los vicios que tiene la causa. Nosotros vamos a explorar todas las vías para ver cómo logramos que esta condena injusta tenga una revisión. Si esa es una puerta para abrir o indagar, lo haremos”, aseguró un diputado cercano a Cristina Kirchner este fin de semana. Otro legislador destacó la ventaja de que la propuesta provenga de Pichetto y no de un referente directamente alineado con la exmandataria, buscando así un mayor consenso.
Argumentos y antecedentes para la anulación
Para fundamentar la posibilidad de que el Congreso intervenga en una decisión del Poder Judicial por considerarla de “gravedad institucional”, en el kirchnerismo citan como antecedente la ley de Dosimetría sancionada en Brasil. Esta normativa, que modificó las reglas de cálculo y ejecución de condenas, podría incluso favorecer al expresidente Jair Bolsonaro.
En Argentina, se menciona la ley de reparación histórica 23.062 de 1984, que anuló procesos judiciales contra integrantes de los poderes constitucionales durante la dictadura, con el objetivo de descomprimir la situación de la expresidenta Isabel Perón.
“Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”, afirmó Miguel Pichetto en una reunión de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, al cumplirse un año de la condena de la Corte Suprema.
Pichetto también argumentó que hubo irregularidades en el proceso judicial, como la incorporación de un juez de otro tribunal, la designación de un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y la limitación de la posibilidad de apelar. Además, cuestionó la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema, quienes, según él, debieron apartarse por haber enfrentado un juicio político promovido por el partido de la acusada. “Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, completó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri.
Dudas y resistencias en el peronismo
A pesar del impulso del kirchnerismo, la propuesta de Pichetto no cuenta con un apoyo unánime dentro del peronismo. Referentes del peronismo federal expresaron dudas sobre su viabilidad jurídica. “No encuentro andamiaje jurídico, en el artículo 75 de la Constitución, que enumera las facultades del Congreso”, señaló uno de ellos.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente sobre la condena y la prisión de Cristina Kirchner, lo que ha generado tensión con el sector de la expresidenta. Si bien publicó un posteo en el que la consideró “inocente e injustamente detenida” al cumplirse un año de la condena, su postura sobre la iniciativa de Pichetto es cautelosa. Un dirigente de su confianza, conocedor del ámbito judicial, evaluó: “El Congreso tiene la facultad de ir por una conmutación de pena, sobre un hecho genérico. En términos jurídicos es factible, aunque sería una innovación, lo que no se puede garantizar es que el Congreso lo vote. No le vemos plafón político”. Un integrante del Gabinete bonaerense aclaró que Kicillof no conoce la iniciativa ni la estrategia para impulsarla, aunque coincidió en la necesidad de explorar alternativas que ponderen la inocencia de Cristina.
En el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, también mostraron distancia de la propuesta. “No tenemos idea de cómo sería el proyecto, no conocemos el principio jurídico en el que se sustenta”, evitaron dar mayores precisiones desde el entorno del ministro de Economía.
A pesar de las dudas, legisladores de Unión por la Patria, como Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados, elogiaron a Pichetto y se comprometieron a “profundizar en esa línea de acción” para explorar la viabilidad de la propuesta. Además de la nulidad o conmutación de la pena, otro proyecto en análisis estaría vinculado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, comparando la situación con la de Hipólito Yrigoyen.
