Crisis institucional: Jueces alertan por vacantes en la Procuración, Defensoría y la Corte
La persistencia de cargos clave vacantes en el Poder Judicial y otros organismos de control, sumada a la recurrencia de las candidaturas testimoniales, configura un «serio perjuicio al funcionamiento de la República» y una «abrupta caída de la calidad institucional». Así lo advierte Daniel A. Sabsay, profesor titular y director de la Maestría de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UBA), quien subraya la necesidad urgente de un compromiso ciudadano y nuevas normas para revertir esta situación.
En un análisis sobre la situación institucional argentina, Sabsay apunta directamente a la «desaprensión del gobierno» en áreas fundamentales. Destaca que el doctor Eduardo Casal permanece de manera interina en el cargo de Procurador General de la Nación, una situación que se prolonga en el tiempo. Asimismo, el puesto de Defensor del Pueblo de la Nación sigue sin ser cubierto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima instancia judicial del país, opera con solo tres integrantes sobre los cinco que debería tener por ley, lo que afecta su capacidad de funcionamiento y legitimidad.
El impacto de las candidaturas testimoniales en la República
Más allá de las vacantes, Sabsay pone el foco en otro fenómeno que considera «bochornoso para la salud de nuestra República»: las candidaturas testimoniales. Se refiere a la práctica de individuos que, habiendo sido designados para un cargo, renuncian antes de cumplir su mandato para postularse a otro, generalmente de mayor jerarquía. Esta actitud, según el constitucionalista, «produce serios perjuicios a las instituciones y agrava el estado de frustración general de que adolece nuestra ciudadanía».
El autor argumenta que una candidatura oficializada es una «oferta lanzada al electorado» que el votante acepta a través del sufragio. Pretender la oficialización de una «nada jurídica», una suerte de «fantasma» que contraviene la buena fe del votante, podría constituir, según importantes penalistas, un tipo de estafa contemplado en el Código Penal. Sabsay enfatiza que estas prácticas violan el orden constitucional, convencional y legal, y contravienen los principios esenciales del derecho que sustentan la teoría general de los actos jurídicos.
En el caso de gobernadores o intendentes que se presentan como «candidatos testimoniales» a legisladores nacionales o provinciales, se produce una clara contravención a la Constitución Nacional. Específicamente, Sabsay menciona el artículo 73 de la CN para gobernadores y, en todos los casos, los artículos 1 y 22, al desconocer el principio de representatividad, pilar fundamental de la forma de gobierno argentina.
«Estamos cansados de asistir al triste espectáculo que nos brindan quienes han sido designados para ejercer un cargo y antes de cumplir el respectivo mandato, deciden renunciar para someterse nuevamente a la voluntad del electorado de modo de acceder a otro, – por supuesto, de mayor jerarquía que el que desempeñaban-.»
El constitucionalista recuerda que, en ocasiones anteriores, los «candidatos testimoniales» negaron ante los medios haber manifestado su falta de intención de asumir las bancas para las que se postulaban. Sin embargo, estas rectificaciones no resultaron «convincentes», ya que «cuesta creer que quien era el gobernador de la provincia más importante del país, iba a dejar ese lugar de tanta trascendencia en el medio de su mandato para convertirse en legislador nacional». Considera que se trataba de un «cambio de discurso encaminado a sortear el rechazo a la oficialización de su candidatura en sede judicial». La misma lógica aplica a intendentes que se postulan como diputados provinciales con carácter testimonial.
La responsabilidad de la Justicia y el llamado a la acción
Frente a esta situación, Sabsay destaca la importancia del control judicial. Sin embargo, expresa su sorpresa y preocupación al observar que «antes de pronunciarse varios magistrados, comienzan a adelantar opinión en sentido opuesto», ya sea sobre la «débil argumentación y la falta de prueba suficiente de las impugnaciones», o sobre la «imposibilidad de lograr un fallo con anterioridad a los comicios». Considera «increíble que jueces de la República anticipen la posición que tomarán en sus sentencias o que de alguna manera nos adelanten que incurrirán en denegación de justicia».
Esta anomalía, advierte, podría ser causa suficiente para solicitar el apartamiento de los jueces en el conocimiento de los casos e incluso, a posteriori, para la nulidad de esos fallos. La preocupación por la «abrupta caída de la calidad institucional» es palpable.
Para Sabsay, «debe concretarse un fuerte compromiso ciudadano que se manifieste desde los diferentes rincones del país y que se conjugue con nuevas normas que permitan que los controles institucionales sean una realidad y no una continua muestra de ineficacia». El objetivo, citando a Carlos Santiago Nino, es que Argentina deje de conducirse «al margen de la ley». La urgencia de un cambio es imperativa para asegurar la «salud de la República», que los gobernantes «dicen defender y que sin embargo olvidan fácilmente para gobernar por encima de la Constitución».
