Fallo clave para Chiqui Tapia: la Justicia avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló veedores
La Justicia Nacional en lo Civil emitió un fallo trascendental para el fútbol argentino, avalando el cambio de domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires. Esta decisión, tomada por la Cámara Nacional en lo Civil, representa una victoria para el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y anula la designación de veedores que buscaba controlar los balances de la institución.
Con esta resolución, la AFA queda exenta de la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había intentado ejercer control sobre sus finanzas y movimientos. La medida judicial responde directamente a un pedido de la cúpula del fútbol argentino, liderada por Tapia, que buscaba desvincularse de la órbita de control de la IGJ, un ente dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Impacto del fallo y sus implicancias
El traslado del domicilio legal de la AFA a la provincia de Buenos Aires modifica sustancialmente el marco regulatorio bajo el cual operará la entidad. Al dejar de estar bajo la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por ende, de la IGJ, la AFA buscará regirse por las normativas provinciales correspondientes a su nuevo asiento legal.
La anulación de la designación de veedores es otro punto central del fallo. La IGJ había intentado imponer veedores con el objetivo de fiscalizar la gestión económica y administrativa de la AFA, una medida que fue resistida por la dirigencia del fútbol. La decisión de la Cámara Nacional en lo Civil pone fin a esta injerencia directa sobre los asuntos internos de la asociación.
Este fallo se interpreta como un respaldo a la autonomía de la AFA y a la gestión de Claudio Tapia, quien ha mantenido una postura firme frente a los intentos de intervención externa. La resolución podría sentar un precedente importante en la relación entre las entidades deportivas nacionales y los organismos de control estatales, redefiniendo los límites de sus respectivas competencias.
