Crisis en el Congreso: Adorni, bajo presión por enriquecimiento ilícito y el Senado avanza con interpelación
La situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, se convirtió en el epicentro de la agenda parlamentaria argentina. El Senado de la Nación acordó este miércoles convocar a una sesión la próxima semana con el objetivo de avanzar con un pedido de interpelación que podría derivar en una moción de censura. Paralelamente, en la Cámara de Diputados, las fuerzas aliadas del oficialismo comienzan a mostrar interrogantes, lo que podría ser determinante para la continuidad del funcionario.
La oposición en su conjunto considera que Adorni debe dejar su cargo. Las razones esgrimidas no se limitan solo a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que involucra propiedades y viajes, sino que también se fundamentan en una supuesta «mentira al Congreso». Durante su informe de gestión del 29 de abril en la Cámara baja, Adorni habría omitido mencionar en su declaración patrimonial la incorporación de más de US$ 500 mil provenientes de operaciones con bitcoin.
La estrategia del Gobierno y la avanzada opositora
Tanto la oposición dialoguista como la más dura coinciden en que el «caso Adorni» representa un problema político que el Gobierno debe resolver con celeridad. Acusan al presidente Javier Milei de intentar transferir al parlamento el costo político de una eventual salida del jefe de Gabinete, con el fin de «victimizarse» e instalar la idea de que se busca «voltear funcionarios».
La decisión del Senado de convocar a sesión para el 25 de junio con el pedido de interpelación y moción de censura generó desconcierto en Diputados, especialmente entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Estos sectores argumentan que el escándalo en torno a Adorni está paralizando la actividad parlamentaria. Sin embargo, esta lectura choca con la postura del Presidente, quien insiste en mantener al exvocero en su cargo. Incluso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría bajado línea a los legisladores para prohibirles hacer declaraciones sobre el tema.
El martes próximo podría ser un día clave. El peronismo, junto a un sector de Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica y algunos monobloques, intentará en Diputados avanzar con un paquete de proyectos que van desde pedidos de informes hasta la interpelación con moción de censura. Aunque no se asegura el quórum, lo máximo a lo que podrían aspirar es a emplazar el tratamiento en comisión de estas iniciativas, ya que, al no tener despacho, el oficialismo exigirá los dos tercios de los votos para el tratamiento sobre tablas.
Con mayoría simple, la oposición podría impulsar los emplazamientos a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza. Aquí radica una diferencia con el Senado, donde José Mayans, jefe del peronismo, impuso una interpretación constitucional que establece mayoría absoluta de ambas cámaras (37 senadores y 129 diputados) para la interpelación y moción de censura, argumentando que, por tratarse de una cuestión de extrema urgencia, no pueden ser dilatadas por un trámite legislativo. Así, su proyecto de resolución podría ser aprobado con 37 votos sin necesidad de despacho de comisión.
Las dudas de los aliados y el rol del PRO
En la Cámara baja, el bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, aún no definió su postura ante una posible moción de censura en el Senado. Ritondo tiene prevista una reunión la próxima semana con la titular de la UCR, la mendocina Pamela Verasay, para coordinar una estrategia común. Ambos buscarán ganar tiempo y esperarán el resultado de la sesión del jueves en el Senado, mientras inician conversaciones con Martín Menem, quien estuvo ausente esta semana por una visita oficial a Israel.
Ritondo intentó comunicarse con la Casa Rosada, pero ni Karina Milei ni Eduardo «Lule» Menem respondieron, dejando al jefe del PRO en un delicado equilibrio para cumplir con los compromisos asumidos con el Gobierno. El PRO se encuentra dividido internamente: Mauricio Macri aboga por la salida de Adorni, aunque cuenta con pocos fieles en Diputados, entre ellos Fernando De Andreis y Antonella Giampieri, quien responde a Darío Nieto. A ellos podría sumarse Álvaro González, quien prefiere primero la interpelación y luego, si hay votos y fundamentos, avanzar con una moción de censura.
En Provincias Unidas, si bien existe una mayoría dispuesta a asistir a la sesión convocada por el peronismo y los bloques díscolos el próximo martes, el número podría diluirse con los llamados de los gobernadores. Algunos legisladores de este bloque incluso cuestionan la conveniencia de seguir la línea del kirchnerismo. «Usan un pin de Cristina libre y piden condena a Adorni», ironizó una legisladora, evidenciando las contradicciones del momento.
La postura de los bloques provinciales, que parecen inclinarse a apoyar al Gobierno, podría darle un respiro a Adorni. Sin embargo, el miércoles 24, el oficialismo planea abrir el recinto para aprobar el acuerdo con los fondos buitre (que podría caer si no se firma antes del 30 de junio) y el proyecto de Súper RIGI. Menem evalúa la posibilidad de suspender esta sesión ante el temor de que el peronismo acelere el pedido de interpelación de Adorni.
Los próximos días serán de máxima tensión para el oficialismo en el Congreso. Si se aprueba el pedido de interpelación, Adorni deberá presentarse el 2 de julio ante los senadores para un interrogatorio sin la posibilidad de acumular consultas. Si las respuestas no convencen, los senadores podrían votar la moción de censura, lo que implicaría su destitución, un hecho inédito desde la reforma constitucional de 1994.
