Caso Odebrecht: Decomisan helicóptero vinculado al lavado de coimas de Jorge «Corcho» Rodríguez

Un helicóptero Eurocopter, que en el pasado fue propiedad de una empresa vinculada al lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, fue decomisado de manera definitiva por orden del juez federal Sebastián Casanello. La medida se enmarca en una investigación por lavado de dinero originado en las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que la causa penal por este delito prescribió y los imputados resultaron sobreseídos.

La decisión de Casanello responde a un pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, quien sostuvo que la aeronave formó parte de un circuito de lavado de activos producto de los sobornos de Odebrecht. La información fue difundida por el sitio oficial de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.

El Código Penal argentino habilita el decomiso definitivo de bienes utilizados o derivados de un delito, incluso sin una condena penal, siempre que se compruebe la ilicitud de su origen y que el imputado no pueda ser juzgado, como ocurrió en este caso debido a la prescripción por el paso del tiempo.

Casanello enfatizó que, si bien la prescripción impide enjuiciar a las cuatro personas procesadas inicialmente, no exime a la Justicia del deber de decomisar de forma definitiva los bienes cuyo origen ilícito haya sido fehacientemente comprobado. Tras la resolución, el fiscal Rívolo solicitó que, una vez que el decomiso quede firme, el helicóptero sea asignado al Ministerio de Seguridad Nacional para su uso por alguna de las fuerzas federales.

La trama del lavado y el rol del helicóptero

La fiscalía había solicitado el decomiso del helicóptero matrícula LQ-CFO, al considerarlo producto de “maniobras financieras de lavado de activos”. En 2024, Rívolo había requerido la elevación a juicio de cuatro personas, con pruebas de su participación en una operación para introducir en el circuito legal 1.715.000 dólares de origen ilícito, disimulándolos a través de la adquisición de la aeronave.

Según la investigación fiscal, los fondos ilícitos provenían de los sobornos que la multinacional Odebrecht pagó a funcionarios públicos argentinos. En esta trama, un hombre fue identificado como intermediario. Parte de ese dinero fue transferido a la empresa Helicopter Corporation S.A. para la compra del helicóptero, que luego fue registrado a nombre de la firma Fusion Blue Servicios Aéreos, creada específicamente para este fin.

Casanello recordó que en mayo de 2023 procesó a los involucrados por lavado de activos y avanzó hacia el juicio oral. Sin embargo, la Cámara Federal, tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, interpretó que el plazo de diez años (pena máxima para lavado) había transcurrido, ordenando la prescripción penal y el sobreseimiento de los cuatro imputados.

Origen ilícito y maniobras para ocultarlo

El caso se originó en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario que actuaba como intermediario en la red de sobornos. Este hecho ya había sido probado en una causa conexa que actualmente se debate en el Tribunal Oral Federal N°7.

El patrimonio del implicado se había incrementado considerablemente, evidenciado con la compra del helicóptero a través de su firma de servicios aéreos, Helicopter Corporation S.A. La investigación determinó que el dinero ilícito estaba destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos vinculados al contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, licitada por la empresa estatal AySA.

Según el juez, con parte de las ganancias obtenidas de esta maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero LV-CFO, buscando dar apariencia de licitud al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar pagos del Estado Nacional. Cuatro años después, el helicóptero fue transferido a una “empresa pantalla” (Fusion Blue), de reciente constitución y sin capacidad de compra, con el propósito de “alejarlo aún más de la fuente ilícita”.

Casanello destacó que “todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”. Explicó que los supuestos “préstamos” que inicialmente se usaron para justificar el desmedido incremento patrimonial de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados, quien actuó como nuevo adquirente a través de la sociedad. Informes de la AFIP (ahora ARCA) revelaron maniobras para esconder el origen de los fondos.

El juez concluyó que, a pesar de que la empresa titular del helicóptero fue convocada, no presentó “ninguna explicación convincente para considerarla tercera de buena fe”. Recalcó que “la titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos–, lo que determina la inexistencia de un derecho”. De allí que el decomiso esté justificado, como una medida preventiva general que “ataca la rentabilidad del delito y reafirma el principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que el delito comprobado no rinde beneficios”.