De Righi al RIGI: el desinterés de Milei por la calidad institucional y la búsqueda de inversiones
La Argentina atraviesa un período de incertidumbre económica y política, marcado por la frase que resuena en el sector de la construcción: “una de cal, otra de arena”. A pesar de la curiosidad y cierta expectativa generada por el “experimento libertario” del gobierno de Javier Milei, la persistente desconfianza de los inversores, forjada por décadas de malas decisiones, impide una recuperación definitiva. Un factor clave en esta ecuación es el crónico déficit de calidad institucional que, lejos de mejorar, se mantiene o incluso se deteriora, con recurrentes ataques a la libertad de prensa.
El programa de desinflación, calificado de inusual y desordenado, genera recelos que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado. A esto se suman las dudas sobre el futuro electoral de 2027, con una posible fragmentación y polarización. Las empresas, además, deben lidiar con regulaciones antojadizas y, en algunos casos, de perfil expropiatorio en las esferas subnacionales, lo que entorpece el clima de negocios general del país.
El RIGI como salvavidas ante la desconfianza
En este contexto, la mejora de la calificación crediticia del país por parte de S&P la semana pasada representa un espaldarazo para el Gobierno, aunque se espera la ratificación de otras agencias como Moody’s y MSCI. Esta medida permitiría a fondos de inversión adquirir activos financieros argentinos, un paso que debería ser natural pero que, dada la historia de incumplimientos y desmanejo, se convierte en una noticia relevante.
Sin embargo, la mayoría de las inversiones anunciadas recientemente, de las cuales solo una quinta parte se materializó, exigen condiciones excepcionales. Es aquí donde entra en juego el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Este programa está diseñado para atraer flujos significativos de capital bajo condiciones muy favorables, incluyendo la posibilidad de litigar en Nueva York en caso de incumplimiento, una muestra de la desconfianza en los tribunales nacionales. Esto implica un reconocimiento tácito de que, con las reglas y regulaciones ordinarias, el apetito por el riesgo en Argentina es bajo.
Muchos fondos de inversión podrán adquirir activos financieros, como bonos soberanos, subsoberanos (de las provincias), acciones y deuda corporativa
El Gobierno incluso contempla un régimen más generoso para inversiones de mayor envergadura, como la que podría realizar el empresario tecnológico Peter Thiel, y un “mini RIGI” específico para medianas y pequeñas empresas. Estos regímenes especiales se han vuelto un vehículo indispensable para movilizar la inversión en un país que, al no haber implementado las reformas estructurales prometidas, mantiene reglas y regulaciones vetustas y alejadas de la narrativa cuasi revolucionaria oficialista.
La sombra de Esteban Righi y la deuda institucional
La analogía entre Esteban Righi y el RIGI busca sintetizar el frustrante devenir histórico-institucional de la nación. Righi, un reconocido abogado y político peronista, ocupó importantes cargos públicos, incluyendo el de ministro del Interior y Procurador General de la Nación. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por los problemas institucionales argentinos: decisiones absurdas, pérdida de calidad en los liderazgos, falta de independencia judicial y escándalos de corrupción.
Su renuncia como Procurador General en 2012, en medio del escándalo por la causa Ciccone Calcográfica que involucró a Amado Boudou, es un claro ejemplo de cómo la política y la justicia se entremezclan de forma perjudicial. Boudou, quien luego sería el primer vicepresidente condenado por corrupción, sugirió que la investigación era parte de una “guerra mediática”, deslegitimando la labor judicial.
La desaprensión del actual Gobierno por la calidad institucional se manifiesta en la persistencia de interinatos en cargos clave como el de procurador general (ocupado por el doctor Eduardo Casal), la vacancia del Defensor del Pueblo de la Nación y la Corte Suprema de Justicia con solo tres de sus cinco integrantes. Además, el Banco Central carece de la mínima independencia respecto del Poder Ejecutivo. Sin un esfuerzo genuino para mejorar estas falencias, el país seguirá “condenado” a la necesidad de regímenes especiales como el RIGI para atraer inversiones, incluso en áreas con ventajas comparativas como minería y energía.
