Caso Adorni: el silencio de oficialistas y aliados tras sus explicaciones complica la agenda legislativa

Las recientes explicaciones de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, sobre sus ahorros no declarados y su patrimonio han encendido las alarmas en el ámbito político, provocando un llamativo silencio público entre los legisladores del oficialismo y sus aliados. La situación genera un creciente “hastío” en el Congreso, donde se perciben las justificaciones de Adorni como “desprolijidades evitables”.

Mientras los legisladores libertarios evitan cuestionarlo abiertamente y no anticipan una defensa pública, los bloques aliados como Pro y la UCR observan la situación con fastidio y marcan distancia. Un legislador oficialista, consultado por LA NACION, afirmó: “Nadie nos lo pidió y no creo que lo hagan”, en referencia a una eventual instrucción para respaldar al funcionario.

El impacto en los aliados y la agenda legislativa

La incomodidad no se limita al oficialismo. En privado, referentes de Pro y la UCR califican la situación con términos como “papelón”, “delirio” y “vergüenza”. Un dirigente de Pro fue contundente: “Es un boludo peligroso”, y advirtió que los acuerdos volverían a foja cero, debiendo negociarse cada ley individualmente. Otro legislador experimentado cuestionó: “No puede ser que tus gastos en blanco tripliquen tu patrimonio”.

Este malestar político ya tiene consecuencias concretas en la agenda legislativa. El ministro de Economía, Luis Caputo, tenía previsto enviar al Congreso modificaciones a la ley de sinceramiento fiscal, el mismo régimen al que Adorni recurrió para exteriorizar patrimonio. Estas reformas, elaboradas con aportes de tributaristas y especialistas, buscaban incentivar el uso del blanqueo de capitales.

Sin embargo, las explicaciones de Adorni han alterado el escenario. Varios legisladores aliados, antes dispuestos a impulsar los cambios, ahora se muestran reacios a avanzar con una norma que ha quedado directamente asociada al caso del jefe de Gabinete. “Lo de Adorni lo mató”, evaluó un dirigente de Pro, y añadió: “La sociedad lo va a ver como un régimen de impunidad”.

Las modificaciones que Caputo buscaba introducir incluían eliminar límites de ingresos y patrimonio, autorizar el uso de efectivo para la compra de inmuebles sin perder beneficios, permitir la corrección de errores en un plazo de 15 días, establecer que la carga de probar irregularidades recaiga en el organismo recaudador y considerar la adhesión al régimen como un antecedente positivo ante bancos y escribanos.

Moción de censura y la postura de Patricia Bullrich

En este contexto, los movimientos de los legisladores cercanos a Patricia Bullrich son observados con atención. La ministra de Seguridad calificó la omisión de Adorni como “más que un error”. En redes sociales, Damián Arabia compartió una foto del festejo de cumpleaños de Bullrich, mientras que Sabrina Ajmechet la homenajeó con un mensaje en el que destacaba su liderazgo y convicción:

Hay algo muy difícil de encontrar: una jefa cuyas decisiones te hagan sentir siempre representada, que lidera con convicción y que, una y otra vez, demuestra tener razón, incluso en las circunstancias más complejas.

Paralelamente, los sectores más críticos de la oposición aún no logran reunir los avales necesarios para impulsar una moción de censura contra Adorni. Aunque consideran que existen razones para su apartamiento, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen que la investigación debe avanzar en la Justicia y que la responsabilidad política final recae en Javier Milei.

Una moción de censura requiere la mayoría absoluta de ambas cámaras (129 votos en Diputados y 37 en el Senado), cifras que, por ahora, parecen inalcanzables sin el apoyo de los bloques satélites del oficialismo. El escenario podría cambiar si el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento patrimonial, avanza con medidas de mayor impacto, como un llamado a indagatoria o un procesamiento. Sin embargo, por el momento, la situación judicial permanece estática, dejando la última palabra en los tribunales y, en última instancia, en manos del Presidente.