Soja argentina: Europa amenaza con dejar fuera del mercado exportaciones clave de biodiésel

BRUSELAS.– La Argentina libra una intensa batalla diplomática y sectorial en Bruselas para evitar que una nueva normativa de la Unión Europea (UE) golpee fuertemente sus exportaciones de biodiésel de soja. Productores y funcionarios argentinos se movilizan en la capital europea, epicentro de las decisiones del bloque de 27 estados miembros, con el objetivo de incidir en una medida que podría dejar fuera del mercado a un sector clave, con divisas anuales en juego que ascienden a US$1400 millones.

La controversia surge de una propuesta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, que busca eliminar la consideración de los biocombustibles fabricados a base de soja para los objetivos de descarbonización del bloque. Esta decisión, similar a la adoptada en 2019 con el aceite de palma, se fundamenta en la creencia de que la expansión global del cultivo de soja contribuye a la deforestación, afectando bosques y otras tierras que almacenan carbono.

Si bien la medida no implica una prohibición directa del ingreso de biodiésel de soja —utilizado en el transporte terrestre y maquinaria agrícola—, le quitaría el incentivo fundamental que sostiene su demanda en Europa. Los países de la UE compran biocombustibles para cumplir sus metas de energías renovables; por lo tanto, un combustible que no suma para estos objetivos pierde automáticamente su mercado. La norma prevé una reducción gradual que se aplicaría completamente a partir de 2030.

Impacto directo en la economía argentina

Para la Argentina, las implicancias son significativas. En el último año, el país exportó a la UE 280.000 toneladas de biodiésel por un valor aproximado de US$350 millones, además de 45.000 toneladas de aceite de soja para uso industrial por otros US$50 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). La UE es el único destino de exportación para este sector. Cabe destacar que la harina de soja, principal producto exportable de Argentina, no se ve afectada por esta propuesta.

Lo que genera mayor controversia en la industria local es la metodología empleada por la Comisión Europea. La evaluación de la expansión del cultivo de soja se realizó de manera global, sin diferenciar por país. Esto perjudica directamente a la Argentina, donde la superficie sembrada con soja ha experimentado una caída sostenida durante más de una década.

“El cambio indirecto del uso del suelo es un concepto teórico, de escritorio, muy alejado de la realidad, que implica dejar afuera a la soja como materia prima para biocombustibles”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, quien viajará a Bruselas para reuniones bilaterales con la Comisión Europea. “Estamos coordinando con la industria europea para tratar de bloquear todo este proceso y revertir esta decisión”, añadió Idígoras.

El reclamo argentino se extiende más allá del biodiésel actual, ya que ven en esta medida un precedente negativo para el futuro de los biocombustibles, incluyendo los de aviación civil. Idígoras advierte que, si Europa excluye la soja ahora, la Argentina no podría abastecer a las aerolíneas con este insumo, obligando a recurrir a otros cultivos como camelina, carinata y colza, pero con una superficie de producción menor. El impacto de la medida también alcanzaría a países como Estados Unidos y Brasil, que venden soja procesada en Europa para la fabricación de combustible.

En las últimas semanas, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, también viajó a Bruselas para abordar este tema con autoridades europeas.

Antecedentes y perspectivas de la votación

La saga comenzó en 2019, cuando el Parlamento Europeo fortaleció su agenda ambiental y dictaminó que el aceite de palma, mayormente producido en Malasia e Indonesia, fomentaba la deforestación. Ambos países recurrieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentando que se trataba de una barrera comercial encubierta. La normativa exigía una actualización de datos para determinar qué otros cultivos podrían entrar en la misma categoría, y de esa revisión, sometida a consulta pública a principios de este año, surgió la incorporación de la soja.

La decisión final recae ahora en el Consejo y el Parlamento Europeo, con sus 720 legisladores, quienes tienen hasta el 10 de agosto para aceptar o rechazar el texto. Fuentes cercanas a las negociaciones anticipan una votación reñida. Se estima que el centroderecha europeo se inclina por rechazar la propuesta, y países productores dentro de la UE como Austria y Rumania también se verían afectados. Sin embargo, dado que Europa no posee una gran producción de biocombustibles de soja y prioriza la descarbonización con renovables y energía nuclear, la aprobación de la medida es vista como el camino más probable.

De hecho, algunos países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y España ya han excluido de sus programas de apoyo nacional la compra de biocombustibles a base de soja.

Existe una posibilidad de flexibilización: un equipo técnico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea analiza cómo certificar la producción de biocombustibles de soja de bajo riesgo, un esquema que hasta ahora solo contemplaba al aceite de palma. La propia normativa prevé una revisión del marco de certificación hacia fines de 2026, y la Comisión podría examinar la idoneidad de enfoques regionales, una alternativa que surgió de la consulta pública y que podría beneficiar a la Argentina dada la reducción de su superficie de siembra.

El contexto más amplio de esta discusión es el giro de Europa hacia los biocombustibles de segunda generación, producidos a partir de residuos orgánicos —como aceites usados de cocina, desechos agrícolas o ganaderos, y biomasa forestal—, en lugar de los de primera generación, fabricados a base de alimentos. Es importante señalar que el 99% de la soja mundial se destina a la alimentación, no a los combustibles.