Explotación sexual digital: amplían imputación a un rosarino por 14 víctimas y abuso infantil
La Justicia de Rosario amplió la imputación contra G. G. N., un hombre acusado de explotación sexual en entornos digitales, tras la incorporación de seis nuevos testimonios a la causa. Además, se le atribuyó la tenencia de material de abuso sexual infantil. Este avance procesal permitió identificar un total de 14 víctimas, atrapadas en una red que operaba bajo el disfraz de una agencia de contenidos profesionales con alcance internacional.
La investigación, que cobró visibilidad mediática a principios de abril, está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, liderada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo. En una audiencia clave celebrada el jueves pasado ante el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) detallaron cómo el imputado perfeccionó un “mecanismo de engaño sostenido” durante al menos tres años, desde 2022. Su objetivo era “concretar encuentros sexuales, filmarlos y luego comercializar el material en plataformas de alcance global”, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres y de la falsa promesa de que el contenido se difundiría únicamente en el exterior del país, según informó la Procuración General de la Nación.
El engaño de “Argentina Casting” y la captación piramidal
El imputado, oriundo de Rosario, había construido una sólida identidad digital bajo la denominación de “Argentina Casting”, utilizando una cuenta de Instagram con un diseño corporativo y un logo con las siglas “AC”. Esta apariencia profesional servía como señuelo para atraer a mujeres jóvenes, presentándose como una productora legítima encargada de realizar castings en diversos puntos del país.
La estrategia de captación de G. G. N. era sofisticada. Según la hipótesis fiscal, desde 2022 implementó un esquema de captación mediante dos vías principales: el contacto directo a través de mensajes privados en Instagram, ofreciendo dinero a cambio de grabaciones de contenido sexual, o mediante anuncios públicos que prometían pagos en efectivo para tentar a posibles interesadas. Lo más alarmante para los investigadores fue la detección de un sistema de reclutamiento piramidal, donde el acusado ofrecía compensaciones económicas adicionales a aquellas mujeres que lograran incorporar a nuevas participantes al esquema de explotación.
La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de un llamado anónimo recibido en la Línea 145 de denuncias de casos de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación. Se advertía que el imputado ofrecía dinero a mujeres jóvenes para grabar videos de contenido sexual con la promesa de que el material sería difundido únicamente en el exterior. Sin embargo, la Protex constató que esta supuesta “exclusividad en el extranjero” era falsa, ya que el contenido se comercializaba en una plataforma sin restricción territorial, permitiendo su visualización también en la Argentina. La captación se realizaba desde el perfil de Instagram “Argentina Casting” o “AC” y los videos se promocionaban a través de una larga lista de difusión en Telegram.
La causa experimentó un salto importante tras la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). El acompañamiento de este organismo fue fundamental para que seis nuevas mujeres prestaran declaración, sumándose a los casos que ya estaban siendo investigados desde julio de 2025. Estos nuevos testimonios permitieron a las fiscales García y Sosa ratificar que el imputado no actuaba de forma improvisada.
Hallazgo de material de abuso infantil y agravamiento de la imputación
A la ya grave acusación por trata de personas se sumó, en la última audiencia, una nueva imputación por la tenencia de material de abuso sexual infantil. Durante un allanamiento realizado el 27 de junio del año pasado en el domicilio particular del acusado, en Rosario, personal del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina secuestró un disco rígido externo.
El peritaje de dicho dispositivo reveló la existencia de 44 archivos que contenían representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o en exhibiciones genitales con fines predominantemente sexuales. La fiscalía enfatizó que entre este material se detectaron imágenes que involucraban a niños y niñas menores de 13 años, lo que derivó en un agravamiento de la imputación por tenencia de representaciones sexuales de personas menores de edad.
Actualmente, G. G. N. quedó formalmente imputado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo las modalidades de captación y acogimiento. La Justicia le agregó múltiples agravantes: la cantidad de víctimas, el abuso de su vulnerabilidad, el uso del engaño y la consumación efectiva de la explotación. Este paquete de delitos, encuadrado en el artículo 145 ter del Código Penal, prevé una escala penal que oscila entre los 8 y los 12 años de prisión. Además, se le atribuye un hecho de promoción y facilitación de la prostitución, sumado a los cargos por el material de abuso infantil hallado en su poder.
Durante la audiencia, el juez Vera Barros tomó decisiones contundentes: prorrogó la prisión preventiva del acusado por un plazo de 90 días para asegurar el avance de la pesquisa y dispuso la inhibición general de bienes de G. G. N., con el fin de resguardar posibles reparaciones y desarticular la estructura económica de la organización.
