Pliegos judiciales: entre candidatos K, nombres de Macri y críticos de Milei

Tras el reciente escándalo que involucró a María Verónica Michelli, el Senado de la Nación se prepara para un exhaustivo análisis de 61 nuevos pliegos judiciales. Estos ingresaron en la sesión del pasado 14 de mayo y comenzarán a ser tratados en audiencia pública la próxima semana, sin una fecha definida aún para su debate en el recinto. La nómina genera expectativa y polémica, al incluir perfiles vinculados al kirchnerismo, al macrismo e incluso a funcionarios judiciales críticos de algunas decisiones del gobierno de Javier Milei.

Entre los nombres que ya generan controversia, se destacan figuras asociadas al kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima. Es el caso de María Esther Pinos, candidata a Defensora Pública del Interior en Formosa, y Hernán Enrique Figueroa, postulado para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Ambos firmaron un documento de rechazo a la iniciativa presidencial de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La misma postura adoptó Ana Clarisa Galán Muñoz, quien aspira a ser defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, y que además es conocida por haber denunciado en 2022 al fiscal federal de Salta Francisco Snopek por violencia de género, hostigamiento y acoso laboral.

Otro nombre relevante vinculado al kirchnerismo es el de María Ángeles Ramos, fiscal con trayectoria cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Ramos, quien está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde 2017, busca ser designada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).

La sombra de la AFA y vínculos con el macrismo

La polémica también se cierne sobre la lista por presuntos lazos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los candidatos figura Raúl Agustín Rubiero, miembro del Tribunal de Apelaciones de la asociación, quien busca ser vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sala D. Su postulación genera suspicacia en el Congreso, dado que se impulsa en un momento en que la justicia investiga a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y desvío de fondos. En la primera etapa de pliegos, ya habían quedado sin definir los casos de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway por sus supuestos vínculos con la AFA.

La lista de postulantes también incluye nombres asociados al macrismo. Vanesa Alfaro, especialista en lavado de dinero, fue nominada para integrar la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16. Su pliego ya había sido seleccionado por Mauricio Macri, pero fue retirado durante el gobierno de Alberto Fernández. Otro postulante cercano al expresidente es Claudio Loguarro, quien busca acceder como vocal a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También destaca el caso de Matilde Ballerini, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, que busca extender su mandato al cumplir 75 años. Ballerini integra el juzgado que tramita la compleja causa de la quiebra del Correo, un proceso que sigue abierto pese a que la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la firma administrada por el grupo Macri.

Escuchas, Lijo y un debate laboral clave

Entre los candidatos figura Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo encargado de las escuchas judiciales. Rodríguez Ponte, quien aspira al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, está vinculado al juez Ariel Lijo y es esposo de la fiscal María Alejandra Mángano, quien solicitó el cierre de la causa contra la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje a Nueva York.

A pesar del deseo en los pasillos del Senado de evitar nuevos vínculos familiares con periodistas tras el caso Michelli, la lista incluye a la jueza laboral Marina Edith Pisacco, esposa del periodista de Radio Mitre y TN, Adrián Ventura. Pisacco busca ser promovida a la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y enfrentará un duro debate, ya que fue quien dispuso que la causa para evitar el traspaso de la justicia a la Ciudad –promovida por el gremio de los judiciales de Julio Piumato– pasara del fuero laboral al Contencioso Administrativo, un terreno más favorable para el Gobierno.

Otros nombres en la nómina son Bernardo Rodríguez Palma, postulado para la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín e hijo del abogado defensor del brigadier general Orlando Ramón Agosti en el Juicio a las Juntas Militares de 1985; y Pedro Rebollo, quien busca ser fiscal ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y ha investigado causas de abusos en el Ejército y el manejo irregular de los Potenciar Trabajo.

Las audiencias comenzarán el martes con el tratamiento de siete pliegos, entre ellos el de Víctor Arturo Pesino, quien busca extender su mandato al límite de edad. Su caso generará tensión, ya que su nominación fue impulsada pocas horas después de haber firmado el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la reforma laboral.