Licitación de rutas: el Gobierno Nacional ratificó que Aubasa, la empresa de Kicillof, no podrá competir

El Gobierno Nacional confirmó la exclusión de Aubasa, la empresa provincial que administra autopistas en Buenos Aires y depende del gobierno de Axel Kicillof, de la licitación para operar rutas nacionales. La compañía bonaerense se había postulado para el proceso de privatización y cobro de peajes en 1.300 kilómetros de corredores viales ubicados en territorio provincial.

A través del Decreto 411/2026, publicado en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ratificó la descalificación de Aubasa. El ministerio desestimó un «recurso jerárquico» presentado por la empresa, en el que cuestionaba su exclusión. Desde la Provincia, argumentaron un «cambio de reglas de competencia en medio de la licitación» y señalaron una medida política del gobierno de Javier Milei para no ceder un negocio vial a la administración de Kicillof.

Los argumentos de Nación y la postura provincial

El Ejecutivo nacional fundamenta su decisión en el incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales previstos en los pliegos de bases y condiciones. Además, desestima las denuncias sobre supuestas fallas en el sistema informático, garantizando la transparencia e igualdad de trato para todos los oferentes. Con esta determinación, el Gobierno declara «agotada la instancia administrativa», lo que permite la continuidad del proyecto de concesión de obra pública por peaje. La Provincia, si desea mantener su reclamo, deberá recurrir a la Justicia, donde entraría a tallar la Fiscalía de Estado bonaerense.

El gobierno de Kicillof insiste en que la empresa provincial cumple con todos los requisitos exigidos y considera la decisión como arbitraria. La licitación en cuestión, la Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones–Etapa II, contempla la administración y realización de obras en caminos con importantes retrasos de mantenimiento, como la postergada Ruta 3. El negocio implica una inversión de al menos $170 mil millones en dos años, para luego comenzar a cobrar peajes en todos los tramos concesionados.

Cruces entre Nación y Provincia por la obra pública

La decisión de Economía se da en un contexto de fuerte tensión entre funcionarios provinciales y nacionales por el estado de la red de transporte vehicular y la situación de los caminos en todo el país. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió en declaraciones radiales que el nuevo esquema de licitaciones impulsado por Caputo «va a llenar de cabinas de peajes todas las rutas. Decidieron multiplicar por tres o por cuatro los lugares para ubicar cabinas. El usuario va a tener puestos de peaje cada 50, cada 30 o cada 100 kilómetros».

Katopodis también cuestionó la suspensión de la obra pública: «La parálisis de obras en territorio bonaerense no es solo una cuestión de cemento, sino una estafa contributiva y un riesgo para la producción. El impuesto a los combustibles tiene como destino absolutamente obligatorio el arreglo de las rutas. El Gobierno cobró ese impuesto, la plata tendría que haberse utilizado para arreglar las rutas y abandonó esa obligación. El resultado es un deterioro de 40 mil kilómetros de carreteras en todo el país», afirmó.

Esta disputa dialéctica tuvo un anticipo en redes sociales, donde el canciller Pablo Quirno y el ministro Katopodis se cruzaron. La controversia se inició con un mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial, destacando la rehabilitación de más de 200 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, entre Zárate y Gualeguaychú, mediante un sistema de concesiones privadas. Katopodis respondió con ironía: «Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 kilómetros de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales». Quirno replicó acusando a Katopodis de haber dejado las rutas en «estado deplorable» durante su gestión.

El decreto presidencial señala que Aubasa se presentó a la licitación sin impugnar previamente los pliegos ni la metodología de evaluación, lo que, según el principio de sometimiento voluntario, implicó la aceptación tácita de todas las condiciones. Por ello, no podría cuestionar legalmente las reglas del proceso una vez desestimada su oferta. Además, el Gobierno consideró que suspender el proceso, como solicitaba la empresa, causaría un perjuicio al interés público relacionado con la seguridad vial. Finalmente, el decreto ratificó que Aubasa no aportó nuevos elementos que permitieran variar el criterio adoptado previamente por el Ministerio de Economía, dando por agotada la vía administrativa.

Por el momento, las firmas que compiten por el negocio carretero del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluyen a Roggio-Chediak; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; CreditechCeosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, la constructora de Cristóbal López.