Golpe a la influencia K en Santa Cruz: la Corte avala ampliación del TSJ
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a una prolongada disputa institucional en Santa Cruz al avalar la ley provincial que amplía de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Esta decisión del máximo tribunal argentino representa un revés significativo para la influencia del kirchnerismo en la justicia provincial, que había logrado anular previamente la normativa y las designaciones.
El fallo de la Corte Suprema responde a un pedido conjunto del gobernador Claudio Vidal, la Legislatura santacruceña y los cuatro jueces cuyas designaciones habían sido bloqueadas. La medida destraba una situación de conflicto de poderes que mantenía en vilo la composición del máximo órgano judicial de la provincia patagónica.
La controversia se originó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en su conformación anterior y bajo una clara influencia kirchnerista, dictaminó la nulidad de la ley que establecía la ampliación del número de sus integrantes. Este mismo tribunal también había invalidado las designaciones y los juramentos de los nuevos magistrados, argumentando supuestas irregularidades en el proceso. La decisión de la Corte Suprema revierte esta situación, dándole plena validez a la reforma y a las incorporaciones.
Impacto político y judicial en la provincia
La resolución de la Corte Suprema tiene un impacto directo en el equilibrio de poderes dentro de Santa Cruz. La provincia, cuna política del kirchnerismo, había mantenido durante décadas una fuerte injerencia del poder ejecutivo provincial en la conformación y las decisiones de su Poder Judicial. La ampliación del TSJ, impulsada por la actual administración, busca modificar esa dinámica y garantizar una mayor pluralidad en la toma de decisiones judiciales.
La validación de la ley y las designaciones por parte del máximo tribunal nacional no solo consolida la nueva conformación del TSJ, sino que también sienta un precedente importante sobre la autonomía provincial para reformar sus estructuras judiciales, siempre dentro del marco constitucional. Este desenlace marca el posible fin de una era de control político sobre la justicia santacruceña, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre los poderes provinciales.
