Femicidio de Agostina: impacto político en Córdoba y una «estrategia de control de daños» bajo la lupa
CÓRDOBA.- El femicidio de Agostina Vera, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida una semana y fue hallada asesinada y presuntamente abusada, generó una profunda conmoción social y un impacto político significativo en el peronismo que gobierna Córdoba. Tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente de la capital, Daniel Passerini, intentaron una estrategia de control de daños que, hasta el momento, es percibida como insuficiente.
La reciente marcha de “Ni Una Menos” en la provincia capitalina evidenció el malestar, con cuestionamientos directos al oficialismo. La crisis se extiende más allá de las calles, resonando en la Unicameral y el Concejo Deliberante, donde la oposición ejerce presión y se debaten las responsabilidades políticas e institucionales.
Las respuestas del gobierno provincial y municipal
El gobernador Llaryora buscó blindar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien además sonaba como posible candidato a intendente. Por su parte, Passerini ordenó el regreso de un funcionario al Concejo Deliberante, forzando la salida de su banca de Ricardo Moreno. Este último admitió haber “hecho entrar” a la Municipalidad al único detenido y principal sospechoso del femicidio, Claudio Barrelier.
A nivel provincial, Llaryora se reunió con los abuelos maternos de Agostina, un gesto que fue bien recibido. Otra medida fue aplazar la jura de Iván Rodríguez como Procurador Penitenciario. Rodríguez, cuya designación fue parte de una serie de cargos creados para promover a funcionarios judiciales afines al oficialismo, fue quien dejó en libertad a Barrelier hace un año, tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad.
El fiscal general, Carlos Lezcano, ratificó al cuestionado fiscal Raúl Garzón al frente de la investigación, argumentando que, por ser un caso “excepcional”, no debía pasar a su fuero natural, el de Violencia de Género. Sin embargo, en lo que se interpreta como una respuesta a las críticas por la falta de perspectiva de género de Garzón, le asignó la colaboración de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Romero, y del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Fernando Ávila Echenique. No obstante, Garzón no está obligado a consultarlos ni a compartirles sus decisiones.
El ministro Quinteros, con un perfil alto y buena sintonía con su par nacional Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich, se mantiene en su cargo. Quinteros ha ofrecido entrevistas para explicar que la búsqueda de Agostina se inició “desde el primer día” y que siempre siguió las indicaciones judiciales. Sin embargo, su exposición pública previa, donde dirigió un megaoperativo por una final de fútbol y habló de temas personales, le juega en contra en el actual contexto.
El “abogado del diablo” y el sistema de ingresos municipales
El audio de Ricardo Moreno, quien se promocionaba como el “abogado del diablo”, admitiendo haber gestionado un puesto para Barrelier en la Municipalidad de Córdoba, desató una crisis que aún no cesa. Moreno, dirigente peronista de larga trayectoria, era concejal suplente y había ingresado al cuerpo en reemplazo de Raúl La Cava. Ante el llamado a una sesión de la oposición para desplazarlo, Passerini ordenó su inmediato enroque, aunque el tema será tratado en el recinto, ya que Moreno volvió a su puesto de suplente en la lista. Varios concejales oficialistas podrían votar junto a la oposición.
Moreno fue abogado de Barrelier en la causa por privación ilegítima de la libertad, por la cual el sospechoso debió constituir una fianza de 5 millones de pesos para salir. Desde la oposición se cuestiona si la liberación fue por convicción del fiscal Rodríguez o si existió tráfico de influencias.
La designación de Barrelier por recomendación también se vincula con la decisión de Llaryora, durante su gestión como intendente, de modificar el sistema de ingreso por concurso por la contratación de personal y becarios. Passerini mantiene este esquema, que facilita la entrada o premiación de punteros políticos o allegados a dirigentes. El intendente anunció que impulsará la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal y pidió la renuncia de todos los funcionarios de Tránsito, área donde se desempeñaba Barrelier.
A los cuestionamientos, pedidos de renuncia y de jury, se suma la desconfianza que generan los abogados de los querellantes –el padre y los abuelos de Agostina– al “cerrar filas” en torno al fiscal y al operativo de búsqueda, avalando explícitamente lo actuado. Cada vez que lo hacen, sus mensajes en medios o redes sociales generan un aluvión de objeciones y conjeturas.
La indignación y el dolor por el femicidio de Agostina se profundizan por la percepción de fallas institucionales, la sensación de que el Estado no cumple su rol y que el amiguismo prevalece en las designaciones públicas. Los 27 años del peronismo cordobés en el poder parecen condicionar sus respuestas, que se perciben como tardías y escasas.
