Arancelamiento a extranjeros: el Gobierno evalúa un proyecto nacional impulsado por Romo
El Gobierno nacional analiza impulsar un proyecto de ley para arancelar la salud pública y la educación universitaria a los extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina. La iniciativa busca trasladar al Congreso una propuesta ingresada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Romo.
La discusión se reavivó tras el debate en redes sociales generado luego de la final del Mundial de fútbol, donde sectores libertarios cuestionaron la prestación gratuita de servicios estatales a ciudadanos extranjeros. Frente a este escenario, legisladores nacionales del oficialismo confirmaron que se evalúa redactar una propuesta «en espejo» para el plano federal, aunque aún resta definir si el texto ingresará enviado por el Poder Ejecutivo o firmado por los propios diputados.
Divisiones en el oficialismo y reparos de los aliados
Dentro del espectro oficialista y sus aliados de Pro, las posturas sobre la conveniencia de la medida muestran matices. Un diputado del espacio aliado rechazó la oportunidad del reclamo al remarcar que no corresponde definir políticas públicas de fondo en medio de discusiones coyunturales derivadas del fútbol. Según su visión, el debate exige un análisis en un clima de serenidad y calificó la movida de «medio xenófoba».
En tanto, en el Senado nacional un legislador del oficialismo puso en duda la necesidad de promover una nueva ley. Explicó que la atención de la salud depende de las competencias provinciales y que, en lo que respecta al ámbito universitario, las casas de altos estudios ya cuentan con las herramientas legales necesarias para cobrar aranceles a los estudiantes no residentes.
El marco legal vigente y el antecedente del DNU
La normativa a la que hacen referencia los legisladores es el Decreto 366/2025, promovido por la gestión del presidente Javier Milei, el cual modificó el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior. Esta norma eliminó la prohibición de cobrar a estudiantes extranjeros no permanentes y habilitó a las universidades nacionales a fijar retribuciones por los servicios educativos de grado.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, remarcó que dicho marco regulatorio continúa plenamente vigente, postura a la que se sumaron figuras del oficialismo como Patricia Bullrich y la diputada Patricia Vásquez. Vásquez señaló al respecto:
Son las propias universidades las que pueden y no cobran a extranjeros y después hacen marchas y piden más presupuesto que pagamos todos los argentinos con más impuestos.
Por su parte, el diputado Alejandro Fargosi respaldó la propuesta manifestando que no existen motivos para brindar servicios sin costo a residentes temporales. En paralelo, el Presidente evitó pronunciarse sobre los detalles técnicos de la medida en salud y educación, pero respaldó en sus redes sociales los mensajes que denuncian una campaña contra el país y compartió frases alusivas a los cuestionamientos internacionales.
Los detalles del proyecto bonaerense
El proyecto original presentado en la provincia de Buenos Aires lleva la firma de 12 diputados de LLA y cuenta con el respaldo de Alejandro Rabinovich, presidente del bloque Pro en la Cámara baja provincial. La iniciativa estipula un régimen de cobro para las prestaciones sanitarias programadas y los estudios universitarios en establecimientos provinciales aplicable a extranjeros sin residencia permanente.
El texto aclara de forma expresa que la atención en casos de urgencia médica no podrá ser rechazada, demorada ni condicionada bajo ninguna circunstancia. Al defender la iniciativa, Agustín Romo argumentó:
Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato.
A su vez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, explicó que el objetivo central consiste en reordenar los recursos del Estado provincial para priorizar a los contribuyentes locales. Según indicó, los fondos recaudados por esta vía se destinarán a equipar hospitales públicos, mejorar los servicios de guardia e invertir en las facultades de la provincia.
