Juicio YPF: el Gobierno espera un cierre definitivo antes de fin de año tras el revés de Burford en EE.UU.

El litigio multimillonario contra el Estado argentino por la expropiación de YPF podría finalizar de manera definitiva antes de que termine el año. Los estrategas legales del Gobierno nacional estiman que, a pesar de que el fondo Burford Capital buscaría apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos el reciente traspié judicial, las chances de que ese paso prospere son mínimas. Este desenlace clausuraría un juicio por más de 18.000 millones de dólares, considerado el más grande que enfrenta el país.

Fuentes oficiales revelaron a LA NACION que, luego de que el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazara el reclamo de Burford, el fondo inglés dispone ahora de 90 días para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema estadounidense. Ese tribunal, según las estimaciones, podría demorar entre dos y tres meses en decidir si toma o no el caso. Aunque este medio intentó comunicarse con los voceros de Burford, hasta el momento no se obtuvieron respuestas. En el Gobierno, sin embargo, no dudan de que el fondo apelará para «ganar tiempo» frente a sus propios acreedores.

La esperanza del Gobierno argentino se fundamenta en que la Corte Suprema de EE.UU. selecciona entre 70 y 100 casos por año, todos con un marcado interés federal en ese país. Los técnicos legales argentinos consideran que las posibilidades de que la justicia norteamericana aborde un tema que debate el derecho societario argentino son escasas, asignándole apenas un «2% de chances». En este escenario, los expertos que diseñaron la estrategia legal para enfrentar el caso se esperanzan con que el juicio por la expropiación de parte de YPF, llevada a cabo durante el kirchnerismo, se cierre antes de que termine 2026.

Otros frentes judiciales de la Argentina

A pesar de la expectativa por el caso YPF, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, continuará con una ardua agenda. Resta resolver, por ejemplo, el litigio por el Cupón PBI en Londres, una denuncia por 1330 millones de euros que se actualiza por tasa Euribor, y donde el Gobierno ya ha dejado 30 millones de euros en garantía. Además, se trabaja en el cierre de causas pendientes del default de 2001. Para ello, se envió un proyecto al Congreso –que ya cuenta con dictamen– para clausurar acuerdos por 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones de dólares para Attestor, logrando una reducción de deuda de más del 30%. En el Gobierno confían en obtener el apoyo político necesario para avanzar.

El 27 de marzo, tras el fallo de segunda instancia favorable a la Argentina, Burford había anunciado que evaluaba pedir la revisión en pleno, proceso que perdió ayer, y había adelantado que «eventualmente» acudiría a la Corte Suprema de los Estados Unidos y al Ciadi (tribunal del Banco Mundial). En esa ocasión, el fondo inglés había admitido que la Corte Suprema norteamericana «rara vez concede tales solicitudes» si la cámara rechazaba su pedido de revisión.

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó ayer que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había rechazado el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina. Desde el organismo, indicaron que la decisión «constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país». Asimismo, destacaron que el resultado «representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público».

El largo camino del litigio por YPF

El proceso del juicio por la expropiación de YPF se inició en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023. En aquel momento, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, condenó al país a pagar una indemnización superior a los 16.100 millones de dólares más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional, por haber violado el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

Todas las partes apelaron el fallo. En octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos. De los tres, Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de Preska, pero Chin y Robinson fallaron a favor, argumentando que si bien Nueva York era el foro correcto, la jueza en primera instancia había interpretado incorrectamente la ley argentina.

La defensa argentina había presentado varios argumentos para revertir la sentencia. El primero sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina, un argumento planteado ya en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y que volvió a ser central bajo la administración de Javier Milei. El segundo argumento, de carácter técnico, apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino, sosteniendo que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local. Este fue el argumento más sólido, ya que el Tribunal de Apelaciones en su fallo final dijo que la ley de expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación, y que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma.