Deuda externa: el Gobierno busca aprobar en el Senado el pago de US$ 171 millones a fondos buitre
En medio de las tensiones generadas por la disputa de los pliegos judiciales, el Gobierno buscará este jueves obtener en el Senado la media sanción de dos proyectos clave para la administración de Javier Milei. Se trata de un acuerdo para pagarles a los fondos buitre unos US$ 171 millones y una iniciativa que impulsa la inviolabilidad de la propiedad privada.
Ambas propuestas serán debatidas en una sesión convocada para las 11 que genera gran expectativa. No solo pondrá a prueba el estado de la relación del oficialismo con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, sino también la situación interna de La Libertad Avanza (LLA).
La situación de LLA se complejizó luego de que la propia jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se manifestara en contra de la decisión de Javier Milei de bajar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli. Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon, el periodista de La Nación que investiga el caso $Libra, que involucra al Presidente y su hermana Karina. El caso Michelli marcó diferencias entre los libertarios puros y los dirigentes que se sumaron tras la llegada de Milei al poder o que ya manifestaron disidencias en hechos anteriores.
En este escenario, la Casa Rosada busca mantener la tendencia de victorias que viene cosechando en el Congreso desde diciembre con la nueva conformación de las cámaras y avanzar con la aprobación del Acuerdo de Conciliación con los holdouts.
Qué incluye el acuerdo con los fondos buitre
El convenio incluye a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund. El acuerdo está vigente hasta el 30 de junio y, de ser aprobado en el Senado, deberá ser tratado por Diputados, donde el oficialismo también contaría con los votos necesarios, aunque previamente tendrá que pasar por comisión.
Este acuerdo iba a ser tratado en una sesión convocada en mayo, pero tuvo que volver a comisión porque se incluyeron algunos bonos que no estaban en el texto original y se debió modificar la fecha de vencimiento para cumplir con el trámite parlamentario.
Se trata de la cancelación de bonos soberanos en default que estos fondos compraron de la crisis de 2001 y que fueron reclamados ante la justicia de Estados Unidos. El acuerdo fue aprobado en marzo de este año por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York.
Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un reclamo desde 2014.
Estos fondos holdouts son los mismos que confiscaron la Fragata Libertad en Ghana en 2012 y tenían sentencias firmes a su favor por cifras millonarias, ya que se negaron a entrar en los sucesivos canjes ofrecidos por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010, y de Mauricio Macri en 2016.
El proyecto sobre la propiedad privada
En otro orden, el oficialismo también buscará avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo modificaciones durante su tratamiento en comisión.
La norma plantea procesos más rápidos, por vía sumarísima, para los desalojos; la posibilidad de restitución anticipada del inmueble «en supuestos de verosimilitud del derecho» –»bajo caución juratoria y con control judicial suficiente»–; y la modernización de los sistemas de notificación, con la incorporación del domicilio electrónico.
Además, la propuesta prevé darle a la justicia más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones. También se eliminan restricciones a la venta de tierras a extranjeros, aunque cada provincia conserva la jurisdicción plena de su territorio.
El temario de la sesión se completa con las propuestas de creación de una segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, impulsado por el radical Maximiliano Abad, y otro de reestructuración y división de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, presentado por Beatriz Ávila, quien responde al gobernador Osvaldo Jaldo.
