Dólares del colchón: el Gobierno prorroga la «ley de inocencia fiscal» y evalúa cambios tras una reunión clave
El Gobierno nacional anunció este jueves una prórroga para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, la iniciativa central de la denominada “Ley de Inocencia Fiscal” que busca que los argentinos blanqueen sus dólares no declarados. La medida extiende el plazo de adhesión hasta fines de julio, buscando un mayor ingreso de divisas al sistema financiero sin la necesidad de justificar su origen ni enfrentar sanciones fiscales.
La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un encuentro reservado en el Palacio de Hacienda con un selecto grupo de contadores. La reunión tuvo como objetivo escuchar las inquietudes y problemas técnicos y legales que, según los profesionales, estarían frenando una adhesión masiva al régimen.
Consenso sobre los ajustes necesarios
Caputo expresó su satisfacción tras el encuentro:
«Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen. También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio».
Hasta el momento, se registraron 80.000 adhesiones al régimen simplificado, una cifra que, si bien se duplicó en los últimos 20 días según destacó el ministro, aún está lejos del millón de contribuyentes que se estima podrían adherirse. El vencimiento original operaba entre el 11 y el 16 de junio, lo que hacía imperiosa la extensión del plazo para incentivar una mayor participación.
Durante la charla, Caputo estuvo acompañado por Andrés Vásquez, director de ARCA, y María Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica. La comitiva de tributaristas, algunos vinculados al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, incluyó a destacadas figuras como Alejandro Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán, Sonia Becherman y, de forma virtual, Ana María Kaiser.
Análisis de topes y normativas aclaratorias
Uno de los puntos clave abordados en la reunión fue la necesidad de clarificar los topes máximos para la adhesión al régimen, que actualmente se fijan en 1.000 millones de pesos de ingresos brutos anuales y 10.000 millones de pesos de patrimonio total para personas humanas y empresas. Los funcionarios se comprometieron a dictar normas aclaratorias y a evaluar posibles ajustes en estos montos, lo que, de concretarse, requeriría la presentación de un nuevo proyecto de ley.
