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Conflicto de intereses: el Gobierno vetó a una candidata a jueza por ser cuñada de Hugo Alconada Mon

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El Gobierno nacional, por instrucción directa del presidente Javier Milei, vetó el pliego de la abogada María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La decisión, formalizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, surge a pesar de que la candidata había superado la audiencia pública del Senado y contaba con despacho de comisión.

El motivo del veto, según trascendió, es el vínculo familiar de Michelli: es cuñada del reconocido periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon. El comunicador investiga actualmente el denominado caso $LIBRA, que involucra al Presidente por la promoción de una criptomoneda que sufrió una fuerte devaluación tras ser difundida en sus redes sociales, causando pérdidas millonarias a inversores.

La situación generó un fuerte debate, ya que la nominación de Michelli no había recibido impugnaciones ni objeciones por su orden de mérito inicial, a diferencia de otros pliegos. La decisión oficial roza el escándalo por el precedente que sienta al vincular una designación judicial con una investigación periodística que afecta al mandatario.

Reacciones y el procedimiento legislativo

El propio Hugo Alconada Mon se pronunció en redes sociales sobre el caso, afirmando:

El Gobierno veta la designación de una candidata a jueza federal por ser la cuñada de un periodista que investiga al oficialismo.

Esta declaración pone de relieve la tensión entre el Poder Ejecutivo y la prensa en relación con las investigaciones sobre funcionarios públicos.

El pliego de Michelli ya contaba con despacho de comisión con nueve firmas de legisladores, incluidos algunos considerados dialoguistas. Ante esta situación, el Gobierno buscó una salida para evitar que el tema llegara al recinto en la sesión del 4 de junio, en la que también se tratarán proyectos como la inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien inicialmente había enviado los pliegos tras analizarlos, firmó finalmente una nota solicitando el retiro de la nominación. Esta maniobra fue una de las alternativas ensayadas por el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos del Senado, quien tiene línea directa con Eduardo «Lule» Menem, para frenar el pliego sin llevarlo a votación.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado expresando su preocupación por el «retiro indiscriminado de pliegos» y reclamó al Senado que evalúe los fundamentos del Gobierno para «evitar arbitrariedades o abusos» en este tipo de decisiones.

Otros pliegos judiciales en la mira

La controversia por el caso Michelli se suma a la incertidumbre que rodea otras designaciones judiciales. Entre ellas, se destacan los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, ambos con presuntos vínculos con el jefe de la AFA. Catania, propuesto para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, fue señalado por fuentes judiciales por fallar en sintonía con el kirchnerismo.

Por su parte, Galván Greenway, también aspirante a la Cámara en lo Penal Económico, sobreseyó a Claudio «Chiqui» Tapia en una causa por presunto lavado de dinero, al determinar que el presidente de la AFA podía justificar su patrimonio, incluyendo la compra de autos de alta gama alemanes.

Un tercer caso es el de Juan Manuel Mejuto, postulado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital. Mejuto fue cuestionado en la audiencia pública por la UCR y el PRO debido a sus posibles lazos con el kirchnerismo y la agrupación Justicia Legítima, y aún no tiene el despacho formalizado, a pesar de que algunos legisladores dialoguistas afirman haberlo firmado.

El temario de la próxima sesión del Senado, que incluirá estos y otros proyectos como la creación de una segunda Sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la reestructuración de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, comenzará a definirse en la reunión de Labor Parlamentaria.

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