Financiamiento universitario: Negociación clave entre el Gobierno y rectores para destrabar el conflicto

El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas avanzan en una negociación política para destrabar el conflicto generado por la ley de financiamiento universitario. Aprobada por el Congreso y con el veto insistido, la norma no es aplicada por el Ejecutivo que argumenta falta de fondos. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que existe buena predisposición para alcanzar un arreglo en el corto plazo.

Ambas partes planean reunirse esta semana, con miras a un encuentro programado para este miércoles o, a más tardar, el jueves. El objetivo es acercar posiciones y encaminar una solución antes del fin de semana.

Actores clave en el diálogo

Las conversaciones son lideradas por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y funcionarios del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Por la cartera nacional, interviene directamente Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable del presupuesto del sector.

También están al tanto de las tratativas el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien llevó el caso a la Corte Suprema. Por el lado legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sigue de cerca el diálogo. La voz cantante de las casas de altos estudios la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN.

“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a LA NACION una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.

A pesar del optimismo, persisten diferencias sustanciales entre las sumas pretendidas por las universidades y lo que el Gobierno está dispuesto a aprobar. Una fuente oficial señaló que “están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo”, con la meta de cerrar el asunto hacia el fin de semana.

Contexto de tensión y judicialización

El conflicto por el financiamiento universitario se agudizó la semana pasada con medidas de fuerza docentes y tomas en colegios preuniversitarios de la UBA, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Estas acciones, ahora suspendidas, buscaban presionar por la aplicación de la ley que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, así como las partidas universitarias, tomando como base la pérdida de recursos desde diciembre de 2023.

Mientras el diálogo político avanza, el conflicto también se judicializó y se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno recurrió a la máxima instancia luego de que la Justicia de primera instancia y la Cámara Contencioso Administrativo Federal dieran la razón a las universidades. La Corte aceptó un recurso extraordinario, dejando en suspenso la medida cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas.

Este escenario judicial, sin plazos definidos, impulsa a los rectores a buscar una salida negociada ante una situación económica cada vez más crítica. “Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteó un documento reciente de la UBA.

El Congreso aprobó la ley de financiamiento en agosto del año pasado. Tras un veto del Ejecutivo, el Legislativo insistió, dejando la norma en vigor. Sin embargo, el Gobierno decretó su incumplimiento por falta de presupuesto. En conversaciones previas, el Gobierno había propuesto transferir fondos para recuperar la pérdida salarial docente desde 2025, y no desde 2023 como ordena la ley, una oferta que fue rechazada por rectores y gremios.

El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas participaron en la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo. La movilización exigió una actualización salarial para docentes y no docentes, quienes perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento, señalando una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias desde 2023, una “reducción inédita” de recursos.