Ley de Semillas: el Gobierno busca un consenso con el campo y la industria semillera

El Gobierno nacional convocó a las principales entidades del sector agropecuario y a representantes de la industria semillera a una reunión clave para avanzar en la reforma de la Ley de Semillas. El encuentro, previsto para este martes en la Secretaría de Agricultura, busca construir un consenso en torno a la protección de la propiedad intelectual y el uso de nuevas tecnologías, puntos que generan diferencias entre productores y obtentores.

La cita reúne a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Por el lado oficial, además de funcionarios de la cartera de Agricultura, participarán Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su equipo. El Instituto Nacional de Semillas (Inase) también forma parte de la convocatoria.

Ejes de la discusión: propiedad intelectual y uso propio

Aunque existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de actualizar el sistema vigente, persisten divergencias significativas. Uno de los puntos más sensibles es la forma de proteger la innovación genética y la aplicación del derecho de uso propio por parte de los productores, especialmente relevante en cultivos autógamos como la soja. La legislación actual permite a los agricultores reservar parte de su cosecha para utilizarla como semilla en el ciclo siguiente.

La Mesa de Enlace presentó en marzo una propuesta conjunta que plantea mantener el uso propio, pero incorporando mecanismos para reconocer y remunerar la inversión en mejoramiento genético. Esta iniciativa busca destrabar una discusión que se prolonga por años sin resolución.

La propuesta ruralista surge tras la firma de un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, donde Argentina se comprometió a adherir al Acta 1991 de la Unión de Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov). Esta acta busca un mayor reconocimiento de la propiedad intelectual para las empresas y su adhesión requiere el envío de un proyecto al Congreso y su posterior reglamentación. Este compromiso ha generado opiniones encontradas en la cadena agroindustrial.

Por su parte, la industria semillera también ha presentado una propuesta alternativa, cuyo contenido no fue difundido públicamente hasta el momento. El sector reclama reglas más claras y herramientas más efectivas para la protección de la propiedad intelectual, argumentando que esto aceleraría la incorporación de nuevas variedades y tecnologías al mercado argentino.

Instrumento normativo y participantes clave

Todavía no se ha definido el instrumento normativo que se utilizará para implementar los cambios. Si bien algunos actores mencionan la posibilidad de una resolución, en distintos ámbitos se analiza la alternativa de impulsar una nueva ley, una opción que permitiría abordar de manera integral los distintos aspectos vinculados a la propiedad intelectual en semillas.

A diferencia de otros encuentros, no asistirán algunos de los dirigentes de las entidades rurales como Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina) y Lucas Magnano (Coninagro). Tampoco estaba definida la presencia de Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina). Se espera la participación de Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto con técnicos de las distintas organizaciones. Por Aapresid asistirían Isabella Nardi y Mailen Saluzzio, además de representantes de Aacrea, ASA, la Secretaría de Agricultura y el Inase.

Esta convocatoria se da en paralelo a la oficialización de un nuevo protocolo de control de identidad varietal en semillas que el Gobierno fijó este lunes. Desde el sector, se destaca que son dos discusiones diferentes: mientras la resolución reciente establece un mecanismo de monitoreo y fiscalización para verificar el uso de variedades protegidas mediante el análisis de granos, la reunión de este martes apunta a debatir un marco normativo más amplio y consensuado sobre propiedad intelectual, uso propio e incentivos para la incorporación de nuevas tecnologías en semillas.