Caputo ajusta la meta de privatizaciones: busca US$2300 millones hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para los años 2026 y 2027, con el objetivo de brindar certezas sobre los vencimientos de deuda y fortalecer la posición del Gobierno de cara al año electoral de 2027. En este marco, el funcionario detalló que una porción significativa del financiamiento provendrá de privatizaciones: se esperan ingresos por US$800 millones este año y otros US$1500 millones en 2027.

Esta cifra representa una recalibración respecto a lo anunciado por Caputo el 28 de abril en Expo EFI, donde había estimado US$2000 millones por privatizaciones y concesiones. Aunque el ajuste no es drástico, señala una modificación en los plazos y montos esperados.

Hasta el momento, el Estado ha recaudado US$356 millones por la venta de su participación en la transportista eléctrica Transener, y US$707 millones adicionales durante el verano, producto de la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Los próximos activos en la mira del Gobierno

El programa de privatizaciones contempla una serie de activos en diversas etapas de avance. El proceso más adelantado, aunque con sus desafíos, es la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, ambas bajo control de la estatal Enarsa (con 65,01% y 68,83% de participación, respectivamente). Estas dos centrales gemelas, de aproximadamente 800 MW cada una y equipadas con turbinas Siemens, son valuadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en alrededor de US$400 millones cada una.

Las centrales Manuel Belgrano, en Campana (Buenos Aires), y San Martín, en Timbúes (Santa Fe), surgieron de una iniciativa del exministro de Planificación, Julio De Vido, durante la crisis energética de 2004, financiadas a través del Foninvemem. Juntas, representan cerca del 10% de la demanda eléctrica total del país.

El proceso de venta de estas térmicas enfrenta dos obstáculos principales. El primero es el derecho de preferencia que poseen los socios privados —entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía—, lo que podría desalentar la entrada de nuevos oferentes y acotar la negociación a los accionistas actuales. Central Puerto, que también opera ambas plantas, ya ha manifestado su interés en adquirir el control. El segundo desafío reside en la tasación, cuyo valor depende del flujo de ingresos futuros, difícil de proyectar tras los recientes cambios en las reglas de remuneración del mercado eléctrico impulsados por el Gobierno.

Enarsa también tiene previsto incluir en la lista de ventas otras dos centrales térmicas, Almirante Brown (575 MW) y Vuelta de Obligado (540 MW), aunque su disposición está sujeta a la finalización de un fideicomiso entre 2027 y 2028.

En el ámbito hidroeléctrico, el Gobierno prepara una segunda fase de concesiones que incluye las centrales Los Nihuiles (265 MW), Diamante (388 MW) y Pichi Picún Leufú (285 MW).

Belgrano Cargas y AySA, con distinto ritmo

Otro de los procesos en marcha es la privatización de Belgrano Cargas, que experimenta demoras. El pliego, que se había anunciado para marzo, aún no ha sido publicado. En este caso, el Gobierno licitará tres activos: la concesión de vías por 50 años de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza, con un componente de financiamiento internacional y arbitraje externo; la venta de material rodante (locomotoras y vagones), tasado en unos US$500 millones; y el alquiler de los talleres de reparación bajo un esquema de leasing. Empresas como el grupo mexicano Ferromex, un consorcio de cerealeras y una constructora local ya mostraron interés.

A diferencia de otros procesos, la concesión de las vías no generará liquidez inmediata para el Tesoro, ya que las empresas se comprometen a realizar obras a lo largo de un período de cinco a 15 años. El ingreso más rápido provendrá de la venta del material rodante, que se cobraría en cinco cuotas: un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales.

De todos los procesos en análisis, el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que mayor interés ha despertado en el mercado y muestra un avance significativo. A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones de la empresa, con el objetivo de recaudar unos US$500 millones para el pago de deuda. El esquema prevé dos etapas: una licitación para la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado, y luego la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. Entre los interesados en adquirir la compañía figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, la empresa brasileña de gestión de agua y residuos.

Por otro lado, el proceso de privatización de Intercargo sufrió un revés. Tras dos prórrogas, la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra, que opera en más de 20 aeropuertos del país, no recibió ninguna oferta. El precio base se había fijado en US$45 millones.

Finalmente, Tandanor y Casa de Moneda completan la lista de activos que el Gobierno evalúa incorporar al proceso, aunque aún sin un cronograma definido.