Prácticas abusivas: Provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre y podría multarla por $1.815 millones
La Provincia de Buenos Aires imputó formalmente a Mercado Libre y advirtió sobre la posibilidad de aplicarle una multa que podría ascender a 1.815 millones de pesos. La medida se enmarca en una investigación por prácticas que el gobierno bonaerense considera “abusivas” y contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor.
La acción fue iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, a través de su Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, contra la plataforma de comercio electrónico liderada por Marcos Galperin.
El origen de la imputación y los puntos cuestionados
La investigación provincial se centró en una fiscalización de los instrumentos contractuales publicados en el sitio oficial de Mercado Libre. Como resultado, se identificaron más de diez cláusulas que, según la Provincia, infringirían la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y su normativa complementaria.
Entre los ítems observados, se destacan:
“sobre indeterminación en el cobro de tarifas, aceptación tácita de modificaciones contractuales, traslado de responsabilidad por uso no autorizado de cuenta, compensación entre cuentas, cláusula de indemnidad a favor del proveedor, exoneración de responsabilidad por fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, exención de responsabilidad de manera anticipada y fijación de jurisdicción exclusiva en perjuicio del consumidor”.
El análisis abarcó las condiciones y términos generales de uso del “ecosistema MELI”, así como los de préstamos personales y créditos para compras y pagos de Mercado Pago. La Provincia sostiene que estas cláusulas consagran un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores, en contravención al artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Según datos provinciales, Mercado Libre es la empresa con más reclamos en el distrito, habiendo recibido 2.396 denuncias individuales entre enero y abril de 2026.
Plazos y la postura de Mercado Libre
La compañía tiene la posibilidad de formular una propuesta para “adecuación, modificación o supresión” de las cláusulas observadas. Si esta propuesta es aceptada, el expediente culminaría sin sanción. En caso contrario, la empresa podría ser multada. Mercado Libre dispone de un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito en la ciudad de La Plata.
Consultada al respecto, la plataforma de comercio electrónico afirmó que “la imputación mencionada corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio” y aclaró que “no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados”.
“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias”, anticipó la compañía. Además, defendió que “millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos”.
Mercado Libre también destacó sus herramientas de protección al usuario, como “Compra Protegida”, y sus canales de atención para la resolución de casos. La empresa concluyó que sus términos y condiciones son “claros, transparentes y alineados con la normativa vigente”, rechazando “cualquier interpretación que sugiera lo contrario”, y aseguró mantener un “diálogo permanente y constructivo con autoridades regulatorias y organismos de control de todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires”.
Antecedentes de tensión entre la Provincia y Mercado Libre
Esta no es la primera vez que surge una tensión entre la plataforma de Marcos Galperin y el gobierno de Axel Kicillof. En octubre pasado, el empresario había cuestionado al gobernador por la retención de Ingresos Brutos que la Provincia comenzó a aplicar a transacciones con billeteras virtuales. Una medida que, según el gobierno bonaerense, busca equiparar las operaciones de las fintech con las bancarias y no implica la creación de un nuevo impuesto, sino la adhesión a un convenio al que ya se sumaron otras 21 provincias.
