Estafas con falsa app de inversiones: secuestran US$8 millones en criptomonedas y desarticulan la «banda del chino»
Una compleja red de estafadores, liderada por un ciudadano chino y con ramificaciones en varios países de la región, fue desmantelada en Argentina tras una exhaustiva investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro. El operativo, que incluyó 90 allanamientos simultáneos, permitió el secuestro de 8 millones de dólares en criptoactivos y desveló un sofisticado sistema de fraude basado en aplicaciones móviles maliciosas.
La operatoria comenzaba con publicaciones en redes sociales que prometían inversiones con ganancias rápidas y seguras. Las víctimas eran contactadas por WhatsApp y persuadidas para instalar una supuesta aplicación financiera en sus teléfonos. Un caso emblemático fue el de una persona que, tras ver un artículo en Facebook, chateó con un contacto, instaló la app y en dos meses transfirió casi 70 millones de pesos desde sus cuentas bancarias, antes de darse cuenta de que había sido estafada.
El sofisticado engaño de las apps fraudulentas
Fuentes judiciales informaron a LA NACION que la organización operaba mediante la creación de aplicativos que «aparentaban ser herramientas legítimas de productividad, entretenimiento o beneficios financieros, pero que en realidad contenían permisos y funcionalidades compatibles con malware«. Este software malicioso estaba diseñado para sustraer información sensible de manera encubierta, sin generar daños visibles inmediatos en los dispositivos, lo que dificultaba su detección.
Las aplicaciones fraudulentas se difundían a través de redes sociales, y las víctimas caían en la trampa al creer que, al descargarse desde la «tienda» del sistema Android, eran seguras. Una vez instaladas, estas apps ejecutaban en segundo plano rutinas de espionaje digital y recolección de datos, permitiendo a los delincuentes acceder ilícitamente a credenciales bancarias, cuentas de correo electrónico, redes sociales, billeteras virtuales, mensajes privados y códigos de autenticación, entre otra información sensible.
La investigación y el operativo «Provincia»
La denuncia de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, dio inicio a la investigación a cargo del fiscal Patricio Ferrari y su equipo en la Ufeic de San Isidro. La trazabilidad del dinero transferido por los estafadores fue clave para lograr el secuestro de los 8 millones de dólares en criptoactivos.
Esta investigación se enmarcó en un operativo de mayor envergadura, denominado Provincia, que coordinó el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos, bajo la dirección de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. En total, se realizaron 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, deteniendo a 24 sospechosos por estafas que generaron un perjuicio económico estimado en casi 3000 millones de pesos.
A partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires se procedió a un análisis en conjunto que detectó similares modalidades de fraude que comienzan habitualmente con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras. Se comprobó que en la operación de estas estafas también se utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan instituciones y/o empresas reales; a menudo recurren al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva.
En los allanamientos, a cargo de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), se secuestraron, además de los criptoactivos, 60 millones de pesos y diversos dispositivos electrónicos. La operación contó con la participación de fiscales de Azul, Bahía Blanca, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes, Pergamino, Quilmes, San Martín, San Nicolás y San Isidro, demostrando la coordinación interdepartamental para combatir este tipo de crimen organizado.
