Semillas: el Gobierno busca proteger la innovación para recuperar US$6000 millones

La falta de normativas claras sobre propiedad intelectual en el sector agropecuario le está costando a la Argentina miles de millones de dólares en pérdida de productividad. Así lo advirtió el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, quien anticipó que el Gobierno avanza para destrabar el escenario con la inminente salida de un nuevo certificado destinado a blindar los derechos de los obtentores de semillas. Esta medida, explicó el funcionario, busca reconocer el valor de la biotecnología y fomentar la inversión tecnológica que el sector agropecuario demanda para dar el próximo salto productivo.

Durante su participación en el Congreso Maizar 2026, realizado en el Goldencenter de Buenos Aires, Cacace ilustró el impacto de la desprotección intelectual con datos contundentes. Mientras en el maíz —gracias a su condición de híbrido que asegura la venta de semilla fiscalizada y el pago por la innovación— el crecimiento de la productividad en Argentina (1,1% anual) casi empata al de Estados Unidos (1,2%), en la soja la historia es muy distinta. En la oleaginosa, Estados Unidos crece al 1,2% y la Argentina apenas a la mitad, con un 0,6%. El funcionario aclaró a LA NACION que esta falta de reglas sobre la propiedad intelectual en semillas le está costando al país alrededor de 6000 millones de dólares.

Cambio cultural y el modelo uruguayo

Para lograr estos cambios, Cacace apeló a una transformación cultural en la forma de negociar y puso como ejemplo el modelo uruguayo. Relató su sorpresa al visitar el Instituto Nacional de Semillas (Inase) del país vecino, donde encontró a “productores, desarrolladores tecnológicos y autoridades sentados en la misma mesa trabajando en estricta armonía”. Para el funcionario, el resultado es un mayor respeto por los contratos firmados, un incremento en el nivel de formalización de la producción y más control por parte del Estado.

El secretario también analizó la lógica de suma cero que prevalecía en Argentina con alta inflación y tipos de cambio diferenciales. “Es decir, todos ven una torta que se va achicando y tratan rápidamente de sacar una porción. Eso lleva a que cada sector busque un régimen de promoción exclusivo, y el propio Estado, al ver poca productividad iba y le sacaba al sector más competitivo porque es el que tiene plata. Esa lógica nos ha guiado mucho tiempo. Ahora estamos en una situación de mayor orden macroeconómico”, sostuvo.

Retenciones y la voz del sector

Respecto al reclamo del sector para bajar las retenciones, Cacace fue tajante: advirtió que para que eso suceda y el esquema sea sustentable a largo plazo, es imperativo que las provincias y los municipios hagan su parte en el ajuste del gasto público, recortando de su lado para achicar el peso del Estado.

Las oportunidades desperdiciadas también fueron eje de la intervención de Germán Weiss, productor agropecuario y miembro de CREA, quien constató el retroceso argentino frente a las tasas de crecimiento de Estados Unidos y Brasil. Weiss recordó que existen entre 25 y 30 millones de hectáreas en el país que hoy podrían producir y no lo hacen por falta de condiciones. “Sembramos en los lugares donde sigue siendo rentable aún con la presión impositiva”, señaló. Además, pidió derribar el paradigma de que el agro no genera trabajo urbano: según sus cifras, solo la cadena del maíz aporta casi 300.000 puestos laborales, triplicando a toda la industria automotriz.

La experiencia brasileña y la autocrítica argentina

Para capitalizar ese potencial, la mirada del panel se posó sobre Brasil. Paulo Bertolini, presidente de Abramilho, relató cómo el país vecino pasó de ser importador de alimentos a potencia global. La clave, explicó, no fue solo la adopción de tecnología, sino la férrea organización política a través del Instituto Pensar Agro (IPA) y el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que hoy reúne a más de 300 legisladores de distintos espacios. “Los agricultores argentinos tienen que involucrarse en la política; no pueden dejar de poner la voz y el cuerpo”, aconsejó Bertolini.

En esa misma línea, el diputado cordobés Luis Picat (LLA) hizo una fuerte autocrítica puertas adentro. Reconoció que el sector aún sufre de un mensaje “atomizado” frente a la política y que, si bien iniciativas como la Fundación Barbechando están logrando sentar a los legisladores en una misma mesa para pensar a la agroindustria como un todo, la tarea es titánica. “Hay que salir de la tranquera e integrarse a la comunidad”, exigió el legislador libertario, instando a los productores a ocupar espacios de decisión.

Picat profundizó en las barreras estructurales que dificultan el lobby institucional en la Argentina. Explicó que el Congreso sufre una rotación donde apenas el 15% de los diputados sobrevive a dos o tres gestiones, lo que obliga a las entidades a hacer una “docencia permanente” sobre el campo cada dos años. A este desafío se suma la fuerte fragmentación regional de los bloques políticos: “Si tocás a Tucumán, todos defienden la caña de azúcar; si tocás a Córdoba, el bioetanol; si tocás a Mendoza, el vino. Lograr que todos los legisladores defiendan a la agroindustria como una sola cosa es muy complicado”, admitió el diputado.