El Gobierno amplía en $500.000 millones el fondo para juicios previsionales
La Jefatura de Gabinete oficializó la ampliación en $500.000 millones del monto destinado al pago de deudas previsionales, una medida que reajusta significativamente el Presupuesto 2026. La decisión, formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, no solo refuerza el fondo para jubilados, sino que también introduce cambios en partidas presupuestarias de diversas áreas del Estado nacional.
La normativa, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca afrontar los retroactivos derivados de ajustes en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Anses. Este refuerzo es crucial para saldar obligaciones con jubilados que obtuvieron fallos favorables en sus reclamos por haberes mal liquidados.
Específicamente, la decisión administrativa eleva el tope original fijado por la Ley de Presupuesto 2026 para este fin. El límite para atender estas deudas previsionales pasa de $212.288 millones a $712.288 millones. El Gobierno justifica esta modificación en la imperiosa necesidad de cubrir los retroactivos generados por los reajustes previsionales.
Redistribución de partidas y movimientos de personal
Más allá del ámbito previsional, la Decisión Administrativa 20/2026 incluye una redistribución de partidas entre distintos organismos del Estado. Las planillas anexadas a la normativa detallan, entre otros movimientos, un refuerzo superior a los $115.194 millones para las actividades centrales del Poder Judicial de la Nación.
En el mismo sentido, se asignan $22.000 millones directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el programa “Justicia de Máxima Instancia”. Estos fondos están previstos para bienes de uso y la adquisición de equipamiento informático, buscando modernizar y optimizar el funcionamiento del máximo tribunal.
En contraste, la redistribución también contempla reducciones en diversas áreas del Congreso y otros organismos vinculados al Poder Legislativo. Se observan recortes en programas de formación y sanción de leyes nacionales, publicaciones parlamentarias, asistencia social del personal legislativo y áreas relacionadas con derechos humanos y comunicación audiovisual, lo que podría generar debates sobre la priorización de recursos.
La decisión administrativa incorpora, además, cambios vinculados con la estructura de personal de distintos ministerios y organismos descentralizados. Por ejemplo, ocho agentes de planta permanente son transferidos desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También se oficializa la transferencia de un agente desde el Ministerio de Defensa al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, y el traspaso de un trabajador del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Seguridad Nacional.
En el ámbito del Ministerio de Economía, la adecuación presupuestaria refleja movimientos internos de personal relacionados con la Secretaría de Trabajo y con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar). Se detalla la transferencia de un agente desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hacia Economía y el pase de tres agentes desde la Secretaría de Minería al Segemar.
La normativa establece que la Decisión Administrativa entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial este 11 de mayo. Esta acción forma parte de las facultades de reestructuración presupuestaria que el Poder Ejecutivo puede aplicar durante el ejercicio fiscal, permitiendo una adaptación de los recursos a las prioridades del Gobierno.
