Causa Malvinas: el informe secreto que “sugirió” la pena de muerte para Galtieri y Anaya

El 15 de mayo de 1986, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) emitió un fallo histórico en la denominada “Causa Malvinas”. Tras un juicio que duró poco más de dos años y medio, condenó a los comandantes de la segunda Junta Militar: el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Isaac Anaya y el brigadier Eduardo Lami Dozo. Esta sentencia representa el único acto de Justicia en relación con las responsabilidades estratégicas, operativas y penales derivadas de la Guerra de Malvinas, concentrando en estos tres hombres las consecuencias de las malas decisiones, fallas operativas, “errores de cálculo” y la “improvisación criminal”.

Héctor Tessey, capitán (RE) del Ejército Argentino y veterano de la Guerra de Malvinas, fue jefe de la Batería C del Grupo de Artillería 3 en Puerto Argentino. Licenciado en Ciencias de la Educación y Magíster en Defensa Nacional, Tessey dedicó su tesis al “Informe Rattenbach”, el documento que sirvió de base para el juicio del CONSUFA. Hoy, como docente e investigador, profundiza en las complejidades de este informe y sus implicancias.

La Guerra como “maniobra política mal prevista”

Tessey explica que el gobierno militar decidió enjuiciar a sus comandantes para dar una respuesta tanto a las internas de la fuerza como al creciente descontento social con el Proceso de Reorganización Nacional. Tanto el Informe Rattenbach como el CONSUFA, si bien no cuestionaron el derecho legítimo de Argentina sobre las Islas Malvinas, condenaron categóricamente la decisión de ir a la guerra en las condiciones en que se hizo.

Según el capitán (RE), el general Rattenbach sostuvo que la Guerra de Malvinas fue una “maniobra política, de política internacional, pensada, analizada y planteada, pero mal prevista”. El plan original, la “Operación Virgen del Rosario”, proponía “ocupar para negociar”, un instrumento militar utilizado por muchos países en su política exterior. Rattenbach lo consideró un buen plan, aunque extemporáneo.

En una de las citaciones, Rattenbach le preguntó a Galtieri por qué no esperó a que mejorara el clima o a que la flota británica se desarmara. Galtieri declaró que la operación se anticipó para defender la dignidad nacional tras el “Incidente Davidoff” en las Islas Georgias, el 19 de marzo de 1982, cuando un grupo de obreros izó la bandera argentina en Puerto Leith. También mencionó que en 1983 se cumplirían 150 años de ocupación británica, lo que consideró una situación legalmente incómoda para el país. Ante esto, Rattenbach respondió que, en el Derecho Internacional, 150 años no otorgan derechos adicionales.

El plan de ocupación, impulsado por Anaya dentro de la Junta, fue armado por el almirante Carlos Büsser, el general Osvaldo García y el brigadier Sigfrido Plessl. Sin embargo, la acción se precipitó drásticamente. En diciembre de 1981, cuando se les pidió a estos oficiales que pensaran un plan, respondieron que no estaría listo antes de agosto o septiembre. Luego, al pedirles “achicar” los tiempos, establecieron el 15 de mayo como fecha límite. Pero, tras el incidente Davidoff en marzo, Galtieri ordenó: “Ya, es ahora”. Büsser tenía al Batallón de Infantería de Marina 2 entrenándose en operaciones anfibias en Puerto Madryn, lo que facilitó la celeridad, pero sin mayor planificación ni argumentos.

El Informe Rattenbach: un documento valiosísimo, pero ignorado

El informe fue solicitado por el presidente de facto Cristino Nicolaides, quien convocó a la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach. Aunque la idea inicial no era un juicio, la comisión, compuesta por oficiales de gran prestigio, decidió ir “a fondo” con una investigación exhaustiva, culminando en un informe de 17 tomos.

El informe largo está muy bien trabajado, es un documento valiosísimo. Tuve la posibilidad de estudiar un ejemplar impreso. Cada miembro del CAERCAS se llevó una copia. Cuando murió el brigadier Carlos Alberto Rey, la mujer lo llamó a Moro y le dijo “mi marido me dijo que cuando él falleciera le diera esto a usted”. Y le dio el ejemplar completo, los 17 tomos. Después, Moro me lo prestó. El tomo 1 es el informe final. Después tiene un tomo de actas, otros diez de documentos y cinco de declaraciones.

El informe fue presentado el 30 de septiembre de 1983, un mes antes del regreso de la democracia. El presidente Reynaldo Bignone lo clasificó como secreto político y militar “hasta que la Argentina ejerza efectivamente la soberanía sobre los archipiélagos” y ordenó al CONSUFA enjuiciar a los responsables.

Tessey, quien inició el proceso de desclasificación, lamenta que el informe, desclasificado en 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no haya tenido la recepción esperada. Los militares lo interpretaron como una maniobra política para atacarlos, mientras que el kirchnerismo, al no encontrar en él pruebas de torturas y terrorismo de Estado en las islas (ya que el informe se centró en el nivel político y estratégico militar), tampoco le dio la relevancia que merecía. La confusión se generó porque al mismo tiempo se desclasificó otra documentación que sí contenía denuncias de soldados.

Improvisación y falta de coordinación: las claves de la condena

El CONSUFA sentó en el banquillo a 16 militares y un civil, Nicanor Costa Méndez, ex canciller, quien fue rápidamente apartado al no estar directamente involucrado en temas militares. El Consejo evitó juzgar la decisión política de ocupar Malvinas para no afectar la posición argentina en el derecho internacional, centrándose exclusivamente en la parte militar.

El informe subraya una pésima evaluación de la capacidad militar enemiga. Rattenbach preguntó a Galtieri si pensó en hacer la guerra a Gran Bretaña, a lo que este respondió: “No, porque yo no quería derrotar militarmente a Gran Bretaña y a Estados Unidos para no poner a la Argentina en una situación difícil”. La famosa frase “si quieren venir que vengan” fue, según Galtieri, una “improvisación producto de la emoción”.

La improvisación fue la tónica a partir del 3 de abril, fecha en que terminaba el plan original. Galtieri envió tropas sin consultar ni a su Estado Mayor ni a la Junta, como cuando la Brigada 10 llegó a Malvinas sin que el gobernador militar, general Menéndez, estuviera al tanto. El dictador imaginó un “duelo a primera sangre”: un enfrentamiento que salvara el honor de las partes para luego negociar, sin prever un escenario de guerra insular aeronaval prolongada sin superioridad aérea ni naval.

La falta de coordinación entre las fuerzas fue otro punto crítico. El Estado Mayor Conjunto, diseñado para la “conjuntés” de doctrina, equipamiento y entrenamiento, solo existía en los papeles. En Malvinas, cada fuerza hizo su guerra. Además, la Junta Militar, que representaba el máximo poder político, se salteó todos los protocolos, como la Directiva Estratégica Nacional (DENAC), y excluyó al ministro de Defensa, Amadeo Frúgoli, por ser civil. La cadena de mando estaba rota, con oficiales de alto rango interfiriendo en decisiones tácticas sin respetar la jerarquía.

Las condenas y la sugerencia de pena de muerte

La sentencia del CONSUFA, unánime, cargó la responsabilidad principal en la Junta Militar, considerando a los demás imputados como víctimas de esas decisiones. Se establecieron penas según la incidencia de cada uno: Anaya recibió 14 años por quitar la flota; Galtieri, 12 años por enviar tropas innecesarias sin logística; y Lami Dozo, 8 años, por la participación de la Fuerza Aérea. La defensa apeló, y en 1988, la Cámara unificó las condenas a 12 años para los tres, con destitución, aunque los indultos de 1989 anularon estas penas.

Tessey confirma que el Informe Rattenbach no condenó, pero encuadró los delitos cometidos en el Código de Justicia Militar. A Galtieri y Anaya, por ejemplo, los encuadró en los artículos 839 (por no proveer a las tropas los elementos de guerra y abastecimiento necesarios) y 747 (falta de auxilio en tiempo de guerra), ambos con penas que contemplaban la pena de muerte o reclusión.

El informe también destacó problemas de logística y falta de comida en el frente. La defensa de los oficiales, en muchos casos, fue “tirar toda la culpa para arriba”, lo que resultó en la condena de solo estos tres comandantes.

Para Tessey, el Informe Rattenbach y el juicio del CONSUFA son fundamentales para entender los procesos decisorios y los errores cometidos en la Guerra de Malvinas. Considera que es una fuente crucial para obtener experiencias y lecciones aprendidas, y debería ser una “carga curricular” en los institutos militares.