Caza furtiva: la Coalición Cívica busca prohibir por ley la actividad en campos privados bonaerenses
Los diputados provinciales de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Andrés De Leo, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca prohibir y sancionar la caza de animales silvestres en establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a regular una actividad que genera creciente preocupación en el ámbito rural.
Entre los fundamentos principales del proyecto, los legisladores argumentan que la presencia de cazadores no autorizados en campos particulares pone en riesgo directo la seguridad de las familias que viven y trabajan en el sector agropecuario. Asimismo, advierten que esta práctica vulnera sistemáticamente el derecho a la propiedad privada y atenta de manera directa contra la preservación de la fauna silvestre de la región.
Inseguridad en el ámbito rural
La problemática del ingreso no autorizado de personas armadas a establecimientos rurales bonaerenses es un reclamo recurrente de los productores locales. Según explicaron los autores de la iniciativa, la falta de una legislación punitiva más severa facilita que personas ajenas a los predios ingresen rompiendo alambrados, lo que no solo genera daños materiales, sino que también expone a los habitantes de los campos a situaciones de extrema vulnerabilidad y peligro.
Con esta medida, se busca dotar a las fuerzas de seguridad y a la justicia de herramientas más eficaces para intervenir de inmediato ante denuncias de invasión de propiedad con fines de caza, una actividad que muchas veces se realiza de manera furtiva y sin ningún tipo de control estatal o de medidas de seguridad básicas.
Preservación de la biodiversidad bonaerense
Además del enfoque de seguridad y propiedad, el proyecto de la Coalición Cívica pone el foco en el daño ambiental. La caza descontrolada de especies silvestres en territorio bonaerense altera el equilibrio de los ecosistemas locales, afectando la biodiversidad en un momento donde la conservación ambiental resulta prioritaria.
De aprobarse la ley, se establecería un marco de sanciones económicas y administrativas severas para quienes infrinjan la prohibición, buscando desincentivar una práctica que combina la portación de armas, la violación de la propiedad privada y el daño ecológico en el territorio provincial.
