Banco Nacional de Datos Genéticos: el Gobierno transfirió $590 millones y Ramos Padilla levantó la cautelar
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, levantó la medida cautelar que exigía a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión judicial se tomó luego de que el Gobierno de Javier Milei realizara la transferencia de $590 millones al organismo, subsanando la situación de emergencia presupuestaria denunciada.
La resolución de Ramos Padilla destaca que la administración nacional concretó la transferencia la semana pasada, asegurando así la continuidad de las actividades del BNDG, una entidad fundamental en las investigaciones por apropiación de menores durante la última dictadura militar. Con la ejecución de los fondos, el juez consideró cubierta la obligación de arbitrar los medios necesarios para evitar la interrupción de su normal funcionamiento y superar la “situación de urgencia” que habían planteado las autoridades del organismo.
La génesis de la cautelar y el rol del BNDG
La medida cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a solicitud de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especialistas en delitos de lesa humanidad y apropiación de menores. Ambos fiscales habían advertido, en consonancia con la Directora General Técnica del BNDG, que la escasez de fondos podría afectar gravemente el rol del organismo como auxiliar de la Justicia. El BNDG es crucial para la “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” y se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas vitales para estos procesos.
Los fiscales explicaron que el Presupuesto nacional aprobado asignaba solo el 55,96% del monto requerido para el normal funcionamiento del BNDG. Esta insuficiencia impactaba directamente en la cobertura de servicios esenciales como limpieza, vigilancia, mantenimiento edilicio y tratamiento de residuos patológicos, poniendo en riesgo la operatividad del laboratorio y la realización de peritajes para 2026. La potencial paralización de estos peritajes, según los fiscales, no solo afectaría el curso de expedientes penales sino que “comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo y el impacto en la búsqueda de identidad
Ante este escenario, Ramos Padilla había ordenado a la Jefatura de Gabinete que dispusiera “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el normal funcionamiento del BNDG. Esto incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. La transferencia de los $590 millones fue considerada suficiente para cumplir con estas obligaciones.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG y un “peligro de parálisis”, aún no se expidió públicamente sobre la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. Previamente, la organización había advertido que:
El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad.
Abuelas de Plaza de Mayo también había solicitado la intervención del Poder Legislativo para revertir la crisis presupuestaria. Según datos de la agrupación, el BNDG cuenta con aproximadamente 32.000 muestras genéticas ingresadas, incluyendo más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y personas que dudan de su identidad. La organización ha calificado al BNDG como una “institución modelo en la identificación de personas desaparecidas” y ha cuestionado lo que consideran un ataque desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza.
