Lobby: Milei envió al Congreso un proyecto para regular y transparentar reuniones con funcionarios
El Poder Ejecutivo, bajo la firma del presidente Javier Milei, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a regular la actividad de lobby y establecer un régimen obligatorio para transparentar las reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La propuesta, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, busca alcanzar tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, con el objetivo de hacer público quiénes intentan influir en las decisiones estatales, en nombre de quién y sobre qué temáticas.
El texto de la iniciativa fundamenta la necesidad de esta regulación al reconocer que el lobby es “una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”. Sin embargo, subraya que “la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”. Fuentes oficiales señalan que el modelo se inspira en la regulación vigente en Estados Unidos.
Registros y obligaciones para gestores de intereses
El proyecto de ley introduce dos herramientas centrales para garantizar la transparencia. En primer lugar, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, en el cual deberán inscribirse de manera obligatoria todas las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer esta actividad. En segundo lugar, establece un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios estarán obligados a informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando la fecha, los participantes, el organismo involucrado y el tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia e incluye cualquier actividad orientada a influir sobre decisiones públicas, abarcando desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. La obligación de inscripción se extiende a quienes actúen en representación de terceros, ya sea de forma gratuita u onerosa.
Los gestores de intereses deberán informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, se les exigirá presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
Incompatibilidades, sanciones y gestión de intereses extranjeros
La iniciativa también establece un marco de incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan sus cargos. Una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido, restricción que se extiende a empresas bajo su control.
Un capítulo específico se dedica a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En estos casos, la autoridad de aplicación podrá solicitar documentación adicional y reportes especiales, especialmente por razones vinculadas a la defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé tanto sanciones administrativas como penales. Las multas pueden variar desde cinco hasta 500 salarios mínimos, y escalar hasta 2000 salarios mínimos en situaciones de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También se contemplan penas de prisión, de seis meses a tres años, para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
Repercusiones en la oposición
La propuesta ya generó cuestionamientos por parte de la oposición. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) expresó en la red social X que el Gobierno impulsa esta regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según su criterio, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. Paulón también vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que calificó como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
SE NOS RÍEN EN LA CARA
El gobierno de @JMilei envía un proyecto de ley para transparentar el “lobby” junto a otro proyecto que es lobby directo de Peter Thiel (Super RIGI) 🙄
Además llega tarde la transparencia luego de la aprobación de leyes redactadas por los lobbies minero,… pic.twitter.com/mp7R3kZhTg— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 26, 2026
El proyecto lleva las firmas del Presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y de los ministros Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
