Fuerte Apache: Nudos, tiras y la violencia narco que impone un «régimen militar» a 50 mil vecinos

La urbanización conocida popularmente como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, ha transitado un camino desde su concepción como solución habitacional a principios de los años 60 hasta convertirse en un complejo entramado de precariedad, violencia y crimen organizado. Lo que en los 80 el notero José de Zer describió como escenario de balaceras entre bandas, hoy es un territorio donde el narcotráfico y el tráfico de armas imponen un «régimen militar» a sus habitantes, según un análisis del historiador Jorge Ossona.

La historia del complejo, que alberga a unas 50 mil personas, es un reflejo de las complejas transformaciones socioeconómicas y la pérdida de control estatal en el Conurbano Bonaerense. Los enfrentamientos entre capos narcos, que hoy son recurrentes, contrastan con los episodios delictivos de décadas pasadas, marcando una escalada en la violencia y la desarticulación social.

Del ideal lecorbusiano a la ocupación masiva

El origen del Fuerte Apache se remonta a 1962, cuando se buscó acotar el déficit habitacional con criterios integradores basados en el urbanismo lecorbusiano. Dos años después, se lanzó un concurso para construir mil hogares, en un contexto de crecimiento «desarrollista» y el inicio de la crisis en complejos agroindustriales del NOA y NEA, que impulsó migraciones internas hacia los grandes centros urbanos.

La dictadura de Onganía, en 1966, lanzó el Programa de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE), buscando reubicar a la población de villas miseria metropolitanas en viviendas transitorias para luego trasladarlas a las torres. Sin embargo, a fines de los 60, la llegada masiva de contingentes provincianos desbordó los planes demográficos originales.

Durante el gobierno de Lanusse, el proyecto se amplió a 2400 viviendas para 22 mil habitantes, extendiéndose a 26 hectáreas y denominándose «Complejo Urbano Ciudadela I y II». Estaba conformado por trece «nudos» de tres edificios de diez pisos, interconectados por pasarelas aéreas. Con el peronismo restaurado, bajo la presidencia de Cámpora, el complejo fue ocupado compulsivamente por grupos organizados, convirtiéndose en un laberinto caótico y en expansión, rebautizado tras su asesinato como «Padre Carlos Mujica».

De la dictadura a la pobreza endémica

El elenco castrense de 1976 rebautizó al complejo como «Libertador General San Martín», sumándose a un ecosistema poli-municipal entre Tres de Febrero, Morón y San Martín. Las erradicaciones de villas continuaron con una connotación «estética» para el Mundial de Fútbol de 1978. A los trece nudos originales se sumaron cincuenta y dos «tiras» longitudinales de tres pisos, llegando a albergar a 80 mil personas en una nueva realidad de pobreza endémica.

Hacia los años 80, en el tránsito hacia la democracia, germinaron nuevas organizaciones delictivas de «robacoches», «piratas del asfalto» y «escruches». Estos grupos parasitaron los barrios, donde el estado de derecho fue sustituido por «códigos» propios, sembrando el terror entre vecinos agobiados por la desocupación y la precariedad laboral. La ambiciosa sociabilidad proyectada inicialmente se redujo a infraestructura básica: tres jardines de infantes, tres escuelas primarias, tres secundarias, una capilla católica, tres templos evangélicos y seis canchas de fútbol, donde Carlos Tevez comenzó su carrera.

Narco y violencia: el imperio de los «códigos»

La violencia delictiva se ha agravado significativamente con la triple incursión del narcotráfico, el tráfico de armas y los constantes reajustes de bandas. Ossona detalla cómo viejos delincuentes incursionan en la venta de drogas, desplazando a antiguos «transas» y desafiando el código interno que prohíbe la comercialización de paco para no erosionar el imperio de la cocaína en el complejo.

Actualmente, unos trescientos delincuentes han impuesto un régimen militar sobre los 50 mil habitantes del complejo, con recurrentes toques de queda para dirimir sus combates con decenas de balazos. La barrabrava del Club Almagro actúa como un sistema punteril, oficiando de puente entre estamentos venales que incluyen a policías, funcionarios judiciales y políticos. Esta red administra una violencia anómica, interviniendo esporádicamente y deteniendo solo a «perejiles» hasta que el statu quo mafioso reconfigure jurisdicciones y un nuevo ordenamiento transitorio.