Achique del Estado: el Gobierno presiona con retiros voluntarios y ya suma más de 2000 bajas
El Gobierno nacional avanza con su plan de reducción del tamaño del Estado, concentrando ahora los esfuerzos en los organismos descentralizados. La estrategia principal para lograr esta meta es la implementación de retiros voluntarios, una modalidad que ya registra más de 2000 bajas y que busca acelerar los tiempos de achique, al tiempo que protege al Estado de posibles juicios.
Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a LA NACION que la meta de desvinculaciones para el primer tramo del año asciende a unos 5000 cargos. Esta cifra se alcanzaría mayormente a través de los acuerdos voluntarios, considerados por la administración mileísta como la «única forma» de reducir el número de empleados en muchos de estos organismos, dado el tipo de contratos que predominan.
El Ejecutivo apunta a un número aún mayor de desvinculaciones a lo largo de todo el año, con planes de retiros voluntarios ya abiertos en diversas dependencias y la posibilidad de extenderse a otras.
Organismos bajo la lupa y los números de los retiros
Entre los organismos que ya acumulan desvinculaciones voluntarias se destacan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Según fuentes del Ejecutivo, ANSES registra más de 1200 empleados que optaron por el retiro voluntario. En el INTA, la cifra se acerca a los 500. Vialidad Nacional también presenta un número significativo de bajas por esta vía. Una fuente al tanto de los detalles estimó en «unos 2000» el total de empleados que aceptaron el retiro voluntario solo entre ANSES y Vialidad.
En otros organismos, como el PAMI, la apertura de retiros voluntarios «es algo en lo que se está trabajando, pero aún no se anunció», según parte de las fuentes consultadas. El PAMI, que gestiona la salud de los jubilados y pensionados, cuenta con más de 12.000 trabajadores y ha experimentado drásticos ajustes en la provisión de servicios y medicamentos.
El sector de los medios públicos también tiene vigentes estos planes, alcanzando a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, con una planta inicial de más de 2200 empleados. La Casa de la Moneda podría sumarse a esta lista.
Beneficios y limitaciones de los retiros
El Gobierno defiende la decisión de abrir retiros voluntarios argumentando que, si bien representa un gasto inmediato, «evita juicios millonarios» a futuro. Los acuerdos contemplan el pago de alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado. «El gasto que genera hoy se recupera en cuestión de meses y se evitan juicios millonarios», resaltaron fuentes conocedoras de los números.
Las limitaciones para quienes se adhieren incluyen la prohibición de volver a trabajar en el Estado por un período de cinco años, o la obligación de devolver el dinero cobrado si deciden reingresar. Asimismo, aquellos empleados próximos a jubilarse no pueden sumarse a los retiros voluntarios.
Contexto del achique estatal
De acuerdo con datos del INDEC, el Sector Público Nacional Argentino —que abarca la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado— contaba con 276.104 empleados a marzo de este año.
A diferencia de los primeros dos años de gestión, donde los recortes se concentraron en el área centralizada de la administración pública, la actual administración se enfoca en las reducciones en organismos descentralizados. Además de los retiros voluntarios, se suman las no renovaciones de contratos que vencen, una de las principales formas de contratación histórica del Estado.
Desde el inicio de la administración mileísta, se registra un total de más de 61.000 puestos menos en la plantilla estatal nacional. El diseño de estos recortes es liderado por Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación del Estado y una figura clave para el presidente Javier Milei.
