Recortes en ciencia: la Argentina debate su futuro frente a la inversión global en I+D

El financiamiento de la ciencia en Argentina se ha convertido en un eje central de discusión. Mientras distintos actores del ecosistema científico denuncian un «desmantelamiento» y recortes presupuestarios, el Gobierno asegura estar llevando a cabo una «reorganización» del sector. En este contexto, lo que pocos discuten es el rol esencial que la innovación científica desempeña en el desarrollo económico de los países.

La inversión en ciencia, tecnología e innovación dejó de ser un componente accesorio del desarrollo, para convertirse en uno de sus factores estructurales

Diego Golombek, doctor en Biología, investigador y divulgador científico, subraya la necesidad de innovar para un crecimiento exponencial. «Si realmente se quiere hacer un salto exponencial de crecimiento, hay que innovar», afirma. Golombek, reconocido con el Award for Education in Neuroscience, destaca que la inversión en ciencia, aunque a largo plazo, puede generar réditos significativos. Pone como ejemplo a la farmacéutica Novo Nordisk, cuyo éxito con Ozempic y Wegovy la convirtió en la empresa de mayor capitalización de Europa, explicando la mitad del crecimiento del PBI de Dinamarca en 2024.

La evidencia global demuestra que los países con mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D) lideran no solo los rankings de innovación, sino también de desarrollo humano, productividad, competitividad y calidad de vida. Israel, que destina cerca del 6% de su PBI a I+D, y Corea del Sur, con una inversión cercana al 5%, son ejemplos claros de esta correlación, junto a naciones como Suecia, Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza, que superan el 3%.

La brecha argentina en inversión científica

A nivel mundial, el gasto en I+D asciende a unos 2,8 billones de dólares anuales, pero el 80% se concentra en un puñado de países. Siete de cada diez naciones destinan menos del 1% de su PBI a ciencia, un umbral considerado insuficiente. América Latina, con menos del 3% de la inversión global en I+D y un promedio de entre 0,4% y 0,6% del PBI, presenta un panorama frágil, donde Brasil acapara más de la mitad del gasto total de la región.

La Argentina, a pesar de su sólida tradición científica, universidades públicas de calidad y un sistema de investigación reconocido, muestra una inversión estructuralmente baja e inestable, oscilando entre el 0,5% y 0,6% del Producto Bruto Interno en los últimos años.

Un reporte del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación revela un deterioro salarial significativo. Los investigadores del Conicet, por ejemplo, sufrieron una pérdida real del 40,4% de su salario respecto a noviembre de 2023, computada la inflación de abril. Docentes investigadores universitarios y científicos del Sistema Nacional de Empleo Público también experimentaron caídas del 34,2% y 32,1% respectivamente.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó un recurso de amparo contra la derogación de artículos clave de la ley de financiamiento del sistema científico, que establecían un aumento progresivo de recursos y un sendero de crecimiento hacia el 1% del PBI en 2030. Sergio Dassie, investigador principal del Conicet y miembro de Raicyt, advierte que el presupuesto aprobado para este año asigna apenas el 0,15%, muy por debajo del 0,56% previsto por la ley.

Impacto de los recortes y la visión oficial

Dassie enfatiza que el recorte presupuestario deja al sistema científico-tecnológico en una situación muy vulnerable, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos y unidades ejecutoras del Conicet, forzando a universidades y otros organismos a cubrir gastos básicos. El impacto más profundo, señala, está en las personas, no solo por la caída de ingresos, sino por la drástica reducción de becarios, lo que «desarma cadenas de formación» y afecta el mediano plazo.

La desinversión también golpea a organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el INTA y el INTI, marcando el presupuesto más bajo de las últimas tres administraciones nacionales.

Por su parte, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación coincide en la centralidad del conocimiento para la producción y el bienestar social, pero rechaza la idea de desinversión. Argumentan que el desafío radica en «cómo se orientan los recursos para que se traduzcan en crecimiento, empleo de calidad y más oportunidades». En este sentido, impulsan un «reordenamiento integral del sistema científico-tecnológico» para dotarlo de dirección estratégica y un uso más eficiente de los recursos públicos.

Juan O’Farrell, economista e investigador principal de Fundar, destaca que la inversión en I+D es a largo plazo y que la recurrencia de crisis económicas en Argentina desincentiva estas apuestas. Señala que países exitosos crearon instituciones para reducir riesgos empresariales, con agencias de innovación y fondos de cofinanciamiento donde el Estado y el sector privado invierten conjuntamente. La desinversión, agrega, provoca la «expulsión de investigadores», un fenómeno «antieconómico» que debilita sectores estratégicos.

Articulación público-privada y el rol del Estado

Marcelo Tedesco, exdirector del Foro Empresarial MIT para México y docente del ITBA, remarca que ningún país avanza sin inversión en investigación. Si bien en economías avanzadas la mayor parte de la inversión en I+D proviene del sector privado (90% en Israel, 75% en EE.UU., Corea del Sur, Japón y China), el Estado cumple un rol estratégico como financiador inicial, regulador y articulador. «Si el Estado no confía invirtiendo, ¿por qué lo haría el sector privado?», cuestiona Tedesco, desmintiendo la idea de una innovación espontánea y citando a Silicon Valley y Boston como productos de inversión estatal.

En América Latina, la inversión pública en ciencia supera a la privada, reflejando la debilidad del entramado productivo para asumir riesgos a largo plazo. Marcos Cohen, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, estima que para alcanzar el promedio de inversión en I+D de la OCDE, Argentina debería multiplicar su inversión pública por cinco y la privada por diez, para lo cual se requiere estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica.

Dassie critica la falta de un plan integral, señalando que el sistema científico argentino, históricamente proteccionista, ahora parece virar directamente hacia los productos sin la inversión necesaria en ciencia básica. «Para quedarse con la nata de la leche hay que invertir en la leche», ejemplifica. Concluye que, aunque los empresarios son necesarios, las inversiones de riesgo a largo plazo requieren ineludiblemente del Estado.

Las fuentes oficiales, sin embargo, insisten en que Argentina «recuperó una hoja de ruta que permite alinear la inversión pública en I+D con el desarrollo productivo». Tedesco cree que el Conicet, con su valiosa trayectoria, necesita una reorganización, no un desfinanciamiento, para lograr una reconversión sostenible. Aboga por el diálogo entre privados y Estado, con incentivos fiscales adecuados, como los implementados en Irlanda, Singapur y Finlandia.

O’Farrell observa que los países que más invierten en I+D no pueden ser fácilmente encasillados como liberales o estatistas, ya que son gobiernos de diversos signos. «Es raro que un país desmantele su aparato científico-tecnológico», sentencia. Cohen concluye que, en el contexto actual de ordenamiento de cuentas del Estado argentino, la decisión sobre la inversión en ciencia «está en juego la decisión de prioridades», con una dosis equilibrada entre costos y beneficios.