Reforma laboral: se posterga el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)
La implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), uno de los capítulos más ambiciosos de la reforma laboral aprobada en el Congreso, se posterga por al menos un par de meses. Si bien estaba previsto que entraran en vigencia el 1° de junio, el Gobierno asegura que estarán operativos antes de fin de año.
A pocos días de la fecha original, aún resta la reglamentación por parte de organismos clave como el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, la Secretaría de Trabajo y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La ley de modernización laboral ya contemplaba la posibilidad de extender el plazo hasta seis meses.
“Los FAL no entrarán en vigencia en junio, pero sí en el segundo semestre del año”, afirmaron fuentes del Ministerio de Economía a LA NACION.
Esta postergación estaba dentro de las expectativas de los principales actores del mercado de capitales, quienes necesitan conocer la letra chica de los fondos para desarrollar los productos financieros correspondientes. Desde entidades financieras señalaron que no llegaban a tiempo con los desarrollos necesarios para el 1° de junio.
Cómo funcionarán los Fondos de Asistencia Laboral
Los FAL serán instrumentos inembargables que los empleadores deberán conformar con un aporte obligatorio y mensual. Este aporte será del 1% para las grandes compañías y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas (pymes), calculado sobre las cargas sociales. Los fondos serán administrados por una ALyC o un banco habilitado por la CNV, a elección del empleador, y sus recursos estarán destinados exclusivamente a cubrir obligaciones en caso de despido.
Se estima que, con estas herramientas, el mercado de capitales recibirá un flujo de entre US$2500 y US$4000 millones cada año. El costo de este aporte no lo sentirán directamente las empresas, ya que se compensará con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas a la Anses. Sin embargo, sí impactará en las arcas del Estado, dado que cada peso aportado al fondo dejará de ingresar al sistema de seguridad social.
Según remarcaron desde PwC, con la alícuota base, el impacto fiscal directo ascendería al 0,15% del PBI en lo que resta de este año, equivalente a un costo anualizado del 0,23% del PBI. El aplazamiento de la implementación permitirá al Gobierno ahorrarse parte de este costo fiscal.
FAL compartidos y política de inversión
Mientras se espera la reglamentación, una de las posibilidades que analiza el Gobierno es que las pymes, especialmente aquellas con pocos empleados, puedan compartir un mismo fondo. Este esquema de fondos multiempresa permitiría que varias firmas realicen sus aportes en una misma estructura, compartiendo costos y administración, ya que para las grandes compañías sería más viable constituir un fondo propio. “Si no es de esa manera, a la pyme no le va a dar el monto”, explicaron desde una sociedad de bolsa.
Otro punto aún sin definir es la política de inversión de estos instrumentos, que serán similares a los Fondos Comunes de Inversión. Estarán conformados por activos con riesgo argentino, pero todavía no se conocen las proporciones ni si incluirán inversiones en colocaciones a plazo, bonos soberanos, corporativos locales u otras alternativas. Los cedears, en principio, quedarían excluidos.
También se discute el mecanismo de portabilidad y qué sucede cuando una empresa decide cambiar de sociedad gerente. La dinámica de funcionamiento será muy rígida: las empresas realizarán aportes constantemente y los retiros de liquidez estarán estrictamente reservados a casos de desvinculación o retiro del trabajador.
