Conflicto universitario: el Gobierno y el CIN, cerca de un acuerdo económico pero con un escollo judicial
El Gobierno nacional y las universidades públicas avanzaron hoy en la búsqueda de una solución al conflicto por el financiamiento, logrando una coincidencia en una propuesta económica que incluye mejoras salariales y un incremento de partidas. No obstante, la negociación se encuentra estancada en un punto crucial: la exigencia del Ejecutivo para que los rectores desistan de la demanda judicial que derivó en una cautelar favorable a las casas de estudio.
Fuentes de ambas partes confirmaron que, si bien hay una “buena voluntad” de diálogo, la imposición gubernamental de retirar el reclamo legal ante la Corte Suprema de Justicia es un obstáculo insalvable para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Detalles de la oferta económica
La propuesta mejorada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro “Galleguito” Álvarez, contempla un incremento salarial cercano al 24% para el personal docente y no docente. Este se desglosa en un 21,33% para el salario de junio y un 3% adicional en octubre.
Además, se suman $50.000 millones destinados a los hospitales universitarios, un monto que se adicionaría a los $80.000 millones ya previstos y cuya distribución es reclamada. La oferta también incluye un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y un 50% de incremento para las becas Manuel Belgrano, actualmente congeladas en $81.685 desde 2024.
Según trascendió, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida global de $800.000 millones para el sector universitario, lo que permitiría cubrir esta oferta si los pagos comienzan en junio, según cálculos de fuentes universitarias.
El escollo de la demanda judicial
Pese al avance en lo económico, la negociación llegó a un punto muerto debido a la exigencia del Gobierno de que el CIN retire la demanda judicial que busca el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Esta demanda resultó en una cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos ocasiones. Tras un recurso federal extraordinario presentado por el Ejecutivo y aceptado, la cautelar quedó suspendida y la decisión final ahora recae en la Corte Suprema, que no tiene un plazo definido para expedirse.
“No hay margen para eso. Valoramos la buena voluntad, pero necesitamos un resguardo”, señalaron fuentes universitarias, quienes remarcan que no están dispuestos a “renunciar a la ley”.
Desde el CIN, se ofreció presentar un acta ante la Justicia informando sobre los avances en un acuerdo, pero sin desistir de la demanda original. Los rectores insisten en mantener sus “herramientas institucionales” y señalan que los sindicatos docentes y no docentes universitarios, que también conocen la propuesta oficial, están hasta el momento dispuestos a firmar.
El Gobierno, por su parte, argumenta que la ley de financiamiento universitario es “ilegal” al considerar que viola la ley de administración financiera, que exige especificar la fuente de financiamiento. En este marco, los abogados del Estado y del CIN están analizando “la forma legal” para avanzar en el acuerdo, siempre bajo la condición de que la demanda sea suspendida o retirada.
En representación del Gobierno, en la reunión participó el subsecretario Alejandro Álvarez. Por el CIN, estuvieron presentes su presidente, Franco Bartolacci (rector de la Universidad Nacional de Rosario), y el vicepresidente, Anselmo Torres (rector de la Universidad Nacional de Río Negro).
La situación genera incertidumbre sobre el futuro de la negociación, con ambas partes remarcando la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos, pero sin ceder en sus posturas sobre el reclamo judicial.
