Semillas: el Gobierno suma a acopiadores para fiscalizar el uso de granos

El Gobierno argentino avanza en la definición de un nuevo sistema de fiscalización sobre semillas autógamas, como la soja y el trigo, y en ese marco, suma a distintos actores de la cadena agroindustrial. Recientemente, la Federación de Acopiadores de Granos mantuvo un encuentro con representantes de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para expresar su postura ante un eventual esquema de control basado en el análisis de la entrega de granos.

Este nuevo esquema de fiscalización fue presentado semanas atrás a toda la cadena por el ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa busca reforzar el control sobre la propiedad intelectual en semillas sin necesidad de modificar la actual ley ni de pasar por el Congreso. El plan contempla controles en el primer punto de entrega del grano –acopios, puertos y plantas–, con la participación de privados, cámaras arbitrales y entidades habilitadas por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), para realizar análisis de identidad varietal. El objetivo central es mejorar la fiscalización del uso ilegal de genética protegida y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, aplicando inicialmente solo a nuevas variedades registradas.

La postura de los acopiadores y su preocupación operativa

Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, participó de la reunión con el presidente del Inase, Martín Famulari. Dente señaló que la principal preocupación del sector radica en el involucramiento operativo de los acopiadores en este nuevo sistema. “Supimos que había un proyecto de resolución donde se establecían controles a partir de la primera entrega de los granos y que nosotros, como acopiadores, estábamos directamente involucrados en el tema. Planteamos algunos puntos y pedimos ser llamados a discutirlo porque somos parte importante del proceso”, precisó.

Según explicó Dente, el esquema buscaría controlar la compra y utilización autorizada de semillas a través del análisis de los granos comercializados. “Hoy existen instrumentos para determinar qué variedades componen una entrega de granos. Entonces, es una forma indirecta de establecer el control del cumplimiento de la ley de semillas y del pago del canon tecnológico, en la medida en que no hubiera uso propio”, detalló. Añadió que, si bien el uso propio está permitido, la detección de semillas no correspondientes a ese uso sería una alerta. La reunión, según reconstruyó el dirigente, tuvo un carácter estrictamente técnico e informativo, sin acuerdos formales, sino con el fin de garantizar la participación de los acopiadores en el proceso.

Propuesta de articulación con Bolsatech y el contexto internacional

Durante el encuentro, los acopiadores hicieron hincapié en la posibilidad de que cualquier nuevo mecanismo oficial se articule con Bolsatech, un sistema de trazabilidad y control de semillas vigente desde 2015, impulsado por las bolsas de cereales y actores privados. “Nos parece que funciona razonablemente bien”, afirmó Dente, quien destacó la participación de la Federación en la fundación de Bolsatech y su apoyo a mecanismos que generen alertas sobre situaciones anómalas. En esa línea, la Federación planteó que una futura resolución “se apoye casi exclusivamente o muy fuertemente en el sistema Bolsatech”.

El trasfondo de esta discusión es el intento del Gobierno de avanzar, sin modificar la ley de semillas ni pasar por el Congreso, en un esquema que refuerce el control sobre la utilización ilegal de genética protegida y garantice el pago de regalías tecnológicas. La herramienta sería la firma de convenios por parte del Inase para fiscalizar el cumplimiento mediante análisis varietales sobre muestras de granos. Dente considera que el Gobierno avanzará por este camino regulatorio y que se está reuniendo con todas las instituciones del proceso comercializador de granos antes de tomar una decisión final. “Estamos, como debe ser, en una interacción público-privada con el objeto de hacer las propuestas que más convengan”, resumió.

Cabe recordar que la propiedad intelectual es uno de los ejes centrales de los compromisos asumidos por Argentina con Estados Unidos en el acuerdo de comercio e inversiones. Esto incluye el fortalecimiento de los mecanismos de protección sobre innovaciones biotecnológicas y semillas, además del compromiso de avanzar hacia estándares internacionales más estrictos, como la adhesión al convenio UPOV 91.