Desbaratan una «cocina» narco en Puerto Madero con 70 kilos de cocaína
Una extensa investigación de dos años culminó con el desmantelamiento de una importante organización narco que había instalado una «cocina» para procesar y rebajar estupefacientes en la villa Rodrigo Bueno, en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. El operativo, que incluyó 19 allanamientos, permitió el secuestro de 70 kilos de cocaína y la detención de siete sospechosos, mientras se busca intensamente al presunto líder de la banda, un ciudadano peruano.
La operación, llevada a cabo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del juez federal Julián Ercolini, fue informada por la Procuración General de la Nación a través de su sitio www.fiscales.gob.ar. El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación delegada por el magistrado, solicitó la captura internacional del capo narco, quien, según las pesquisas, coordinaba toda la estructura delictiva desde el exterior.
El punto de partida de la investigación se remonta al 24 de mayo de 2024, cuando detectives de la Policía de la Ciudad interceptaron en Caballito a una mujer con dos «ladrillos» de cocaína en una mochila. Al ser sorprendida, la mujer, aunque luego se negó a declarar formalmente, manifestó espontáneamente que la «mercadería no era suya» y brindó la dirección de un edificio en Lavalleja 650. La posterior apertura forense de sus dispositivos móviles reveló que el hallazgo no era un hecho aislado, sino parte de una sofisticada cadena de tráfico.
La estructura de la organización y sus «oficinas»
La investigación, que incluyó el monitoreo de alrededor de 70 líneas telefónicas y el uso de un informante, permitió a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA desentrañar el funcionamiento de la red. Los mensajes interceptados revelaron la utilización de inmuebles alquilados específicamente para funcionar como centros de almacenamiento, procesamiento y distribución de la droga, a los que los integrantes de la banda denominaban «la oficina».
«Contaban con un lugar en el que acopiaban el material estupefaciente que vendían y donde también lo acondicionaban y rebajaban para obtener una mayor cantidad de sustancias de menor calidad», explicó el fiscal Picardi en su dictamen.
La banda utilizaba distintos colores para identificar los panes de cocaína, y las comunicaciones hacían constante referencia al secado, rebaja y acondicionamiento de la sustancia. Se detectó que uno de los implicados comercializaba droga junto con familiares y personas vinculadas al ambiente de la música tropical y los locales bailables.
Roles definidos y conexiones internacionales
El presunto líder, un peruano, ocupaba un rol central en la organización. Desde el exterior, impartía directivas, fijaba precios, asignaba entregas, organizaba compras de droga, decidía movimientos de dinero y coordinaba a los demás miembros a través de comunicaciones telefónicas y aplicaciones de mensajería. Por debajo, dos mujeres –una hermana y la madre de la primera detenida– ejecutaban las órdenes, coordinando entregas, supervisando los lugares de acopio y administrando el dinero ilícito.
La fiscalía identificó distintos eslabones especializados dentro de la banda: algunos miembros se encargaban de la logística y el traslado de la droga, otros de las maniobras de estiramiento, prensado y empaquetamiento en las «oficinas», y otros actuaban como nexo para el alquiler de inmuebles o la recepción y transferencia de las ganancias. También se detectó la participación de proveedores y distribuidores de cocaína a puntos de venta y compradores mayoristas.
El fiscal Picardi remarcó las conexiones directas de carácter internacional de la organización. La presencia de integrantes operando desde el exterior y las características de la cocaína acondicionada sugieren «circuitos de abastecimiento que exceden el ámbito local y permiten inferir su vinculación con eslabones extranjeros dentro de la misma cadena de tráfico».
La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, que gestionó requerimientos con autoridades peruanas. La extracción forense de los teléfonos de la primera detenida, realizada por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), resultó «clave para ampliar la pesquisa y reconstruir el funcionamiento de la organización».
