El Gobierno retira pliegos de jueces por vínculos con la AFA y objeta a otro por “kirchnerista”
El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con las nominaciones de los jueces en lo penal económico Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para ocupar vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del mismo fuero. La decisión, que se concretaría con el retiro de los pliegos enviados al Senado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, obedece a los supuestos vínculos de ambos magistrados con la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Patricia Bullrich, jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, confirmó la postura oficialista.
“Catania y Galván Greenway no tienen las firmas ni creo que las vayan a tener”, aseguró la senadora en diálogo con LA NACION.
La legisladora precisó que la principal razón para frustrar el ascenso de ambos magistrados radica en su relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su mano derecha, Pablo Toviggino, quienes enfrentan investigaciones por lavado de dinero y evasión, y mantienen una tensa relación con la administración de Javier Milei.
“No hay acuerdo en nombrarlos y por su ligazón con la AFA”, respondió Bullrich, quien añadió que la cuestión fue “discutida en la Casa Rosada”.
Los pliegos de ambos candidatos, que habían obtenido dictamen favorable de la oposición dialoguista, quedaron congelados en la Comisión de Acuerdos tras la intervención del Ejecutivo.
Los cuestionamientos a Galván Greenway y Catania
En el caso de Galván Greenway, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7, su vínculo con la AFA se hizo evidente el pasado 24 de abril, cuando dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa de 2018 por lavado de dinero. En su fallo, el magistrado argumentó que el dirigente estaba en condiciones de justificar su patrimonio basándose en ingresos declarados, herramientas financieras legales y créditos hipotecarios.
La relación de Catania, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8, con la AFA es más indirecta. Los rumores señalan que su ascenso a camarista tendría como objetivo favorecer a Tapia y Toviggino en las apelaciones y medidas que ambos dirigentes presenten en el marco de las causas por lavado de dinero y evasión fiscal que los investigan.
Ambos postulantes compartieron estrado el pasado 6 de mayo en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde defendieron sus pliegos. En aquella jornada, no recibieron cuestionamientos del oficialismo ni de la oposición dialoguista. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en la última semana, cuando la Casa Rosada tomó conocimiento de los dictámenes favorables que habían logrado, incluso sin la firma de los senadores oficialistas.
La orden desde el Gobierno fue detener las nominaciones, interpretadas como una decisión que podría favorecer el frente judicial de Tapia y Toviggino. Aunque los dictámenes no habían sido presentados formalmente, Bullrich logró un consenso para que los aliados retiraran su respaldo, dejando las postulaciones sin las firmas necesarias. Fuentes legislativas indican que el ministro Mahiques se habría comprometido a retirar los pliegos del Senado para proponer nuevos candidatos, una jugada que aún no se concretó.
Otro veto: la supuesta filiación kirchnerista
Además de los jueces vinculados a la AFA, el Gobierno también objeta la postulación de Juan Manuel Mejuto como juez de un tribunal oral en lo criminal. En este caso, el veto provendría de Karina Milei y se sustenta en una supuesta filiación kirchnerista, debido a que Mejuto habría firmado la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima. Asimismo, es colaborador del juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces, y a Amado Boudou.
Paradójicamente, uno de los firmantes de aquel pronunciamiento de Justicia Legítima fue Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia. Carlos Mahiques obtuvo recientemente el visto bueno del Senado, con una abrumadora mayoría de 58 votos, para continuar por cinco años más como miembro de la Cámara de Casación Penal a partir de noviembre de este año, cuando cumplirá 75 años.
