Alerta por deuda de cooperativas eléctricas bonaerenses con Cammesa
Las cooperativas eléctricas bonaerenses han encendido una señal de alarma ante la delicada situación financiera que atraviesan. En un reciente encuentro con autoridades provinciales, las entidades manifestaron las crecientes dificultades para afrontar las deudas acumuladas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), así como para sostener las inversiones necesarias en infraestructura y recomponer el atraso tarifario que arrastran desde fines de 2019.
El planteo fue realizado por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE), durante una reunión con Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC). En el encuentro, las cooperativas ofrecieron un diagnóstico contundente sobre la «crítica situación» que afecta al sector en la provincia de Buenos Aires.
El impacto del congelamiento tarifario y la acumulación de deuda
Roberto Otero, presidente de FICE, explicó que el origen de la crisis se remonta al congelamiento tarifario dispuesto a fines de 2019. Desde entonces, las cooperativas se vieron forzadas a tomar decisiones difíciles:
El congelamiento tarifario tuvo lugar a fines de 2019 y desde entonces las entidades se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del MEM, que le compran directamente) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM.
Según detalló Otero, la deuda se acumuló directamente con Cammesa en el caso de las cooperativas que operan como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Aquellas que no son agentes del MEM, en cambio, dejaron de pagar a la distribuidora mayorista que les suministraba energía.
La federación indicó que «casi la totalidad de las cooperativas» optó por postergar los pagos vinculados a la compra de electricidad. Esta decisión, aunque inevitable para muchas, impactó de lleno en sus balances y elevó significativamente los pasivos del sector. Si bien las autoridades nacionales y provinciales reconocieron parcialmente el problema, implementando mecanismos de regularización y esquemas de actualización tarifaria transitoria, la solución aún no es definitiva.
Desafíos persistentes: repago de deuda e inversiones
Aunque los reajustes tarifarios implementados desde 2022 mejoraron «sustancialmente las perspectivas» de las empresas, Otero señaló que aún persisten dos problemas sin una solución definitiva:
- El flujo de repago del stock de deuda regularizado: Su reconocimiento en la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa, lo que genera una situación heterogénea y, en muchos casos, insostenible.
- Las inversiones en redes: Quedaron en suspenso durante el período de congelamiento, afectando directamente la calidad del servicio, especialmente en zonas rurales aisladas donde la infraestructura es crítica.
Durante el encuentro con el IPAC, se exploraron distintas alternativas de solución, enfocándose en los aportes que el Instituto podría realizar dentro de su ámbito de competencia. También se puso en discusión la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas, establecido por la Ley 23.427, un recurso que podría aliviar la situación financiera del sector.
