RIGI: La millonaria inversión de YPF en Vaca Muerta reaviva el debate sobre los incentivos fiscales

El reciente anuncio de YPF sobre una inversión de US$25.000 millones bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha desatado intensas discusiones y reavivado el debate en torno a este instrumento clave de la política económica actual. La noticia no solo puso nuevamente en el centro de la escena las características generales del RIGI, sino que también iluminó la reciente decisión de incorporar la explotación petrolera en Vaca Muerta al conjunto de sectores beneficiados por el régimen.

El RIGI, implementado en 2024 y con modificaciones en febrero de 2026, busca atraer grandes capitales a través de un paquete de beneficios. Entre sus principales características, se destacan la estabilidad tributaria y regulatoria por 30 años, el libre acceso al mercado de cambios, la exención progresiva de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial, y ventajas fiscales como una alícuota reducida del 35% al 25% en el Impuesto a las Ganancias. Además, permite la amortización acelerada de la inversión, exime de aranceles y tasa de estadística para bienes de capital importados, y elimina las retenciones a la exportación a partir del segundo o tercer año de aprobado el proyecto.

RIGI: ¿Política industrial o selección de “ganadores”?

Paradójicamente, el RIGI se presenta como un instrumento de “política industrial”, una definición que, según el Banco Mundial, implica que los gobiernos moldeen lo que produce una economía en lugar de dejarlo exclusivamente a los mercados. Esta aproximación choca con el discurso de un gobierno que, al mismo tiempo, reivindica fervientemente las virtudes del libre mercado y repudia las políticas “intervencionistas”.

Expertos señalan que el RIGI no es solo una política industrial, sino una de sus variantes más cuestionadas: la selección estatal de sectores “ganadores” (picking winners). Históricamente, este tipo de políticas ha enfrentado dos objeciones principales: la falta de información estatal para decidir qué sectores promover y la exposición a la “captura” por parte de intereses privados. En el caso de los incentivos tributarios como el RIGI, se suma el problema de la “redundancia”: el alto costo fiscal podría financiar inversiones que se habrían concretado de todas formas.

En esta nota no cuestionamos ese componente del RIGI.

A pesar de estos cuestionamientos, se esgrimen tres argumentos en defensa del RIGI. El primero es la construcción de “credibilidad” ante inversores desconfiados por el historial de inestabilidad del país. Sin embargo, este objetivo podría lograrse con estabilidad regulatoria, cambiaria y tributaria, junto a beneficios financieros por la cuantía de la inversión, sin necesidad de exenciones fiscales directas. El segundo argumento es la necesidad de un “shock” de inversiones pioneras con efecto demostración, válido quizás para sectores como la minería, pero no para el petrolero, que ya muestra una expansión sostenida. Finalmente, se argumenta que las exenciones actuales anticipan la futura estructura tributaria del país, pero mientras esa estructura no exista, la pregunta persiste: ¿por qué privilegiar a estos sectores y no a otros?

Cuestionamientos sobre la información y la “captura”

Aunque la selección de “ganadores” podría ser menos problemática en sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas (minería, turismo, forestoindustria), los cuestionamientos tradicionales persisten. No se conoce ningún estudio o análisis que haya sustentado la elección de los sectores incluidos por el Congreso y el Ejecutivo, más allá de una apelación intuitiva a su carácter “estratégico”. La reciente ampliación al upstream petrolero es un claro ejemplo de esta falta de transparencia.

El riesgo de “captura” por parte de intereses privados es real, dada la magnitud de los recursos fiscales en juego. La normativa del RIGI, con su amplio margen de discrecionalidad para la evaluación y admisión de proyectos, potencia este peligro. Además, la creación de una clientela permanente de beneficiarios puede dificultar la eliminación de los mismos una vez vencido el plazo original, como ilustran los casos de Tierra del Fuego y la Ley de Economía del Conocimiento. Estos riesgos no son meras conjeturas; se han observado en la experiencia histórica de regímenes similares en América Latina y el mundo.

La inclusión del upstream petrolero en el RIGI refuerza estas preocupaciones. ¿Qué nueva información llevó al Ejecutivo a cambiar su decisión inicial de no incluirlo? No se conoce ningún estudio sobre el impacto esperado de los beneficios en este sector. Por el contrario, todo indica que el impacto marginal del RIGI sobre la inversión en Vaca Muerta debería ser limitado, dado que la producción y la inversión ya crecen sostenidamente. A esto se suman las restricciones de infraestructura y la cautela de operadores internacionales, cuyas decisiones de inversión dependen de condiciones macroeconómicas de largo plazo que el RIGI por sí solo no puede garantizar.

El “Super RIGI” y la paradoja gubernamental

Estos riesgos también se extienden al “Super RIGI”, un proyecto que intensifica los beneficios —con un impuesto a las ganancias de solo el 15%— para “nuevas actividades económicas” vinculadas a “infraestructura tecnológica y digital estratégicas”. Este nuevo régimen también dejará un amplio margen de discrecionalidad, lo que podría llevar a incluir actividades cuya novedad o calidad estratégica sea cuestionable, resignando valiosos recursos fiscales. Además, podría inducir al sector privado a retrasar inversiones que realizaría de todas formas, condicionándolas a su tratamiento dentro de este nuevo esquema. Como en el RIGI, se crearán “clientes permanentes” que en el futuro podrían usar su poder de lobby para ampliar y extender los beneficios.

La paradoja es sorprendente: un gobierno que defiende la superioridad de los mercados adopta una política industrial altamente discrecional y fiscalmente costosa, mientras desmantela, en nombre de esa misma superioridad, capacidades estatales destinadas a apoyar la productividad, la competitividad y la innovación en otros sectores con políticas de desarrollo productivo menos onerosas y menos propensas a la captura.

Argentina necesitaba mejorar la institucionalidad de sus políticas productivas. Sin embargo, desfinanciarlas en nombre de una austeridad que, llamativamente, no se aplica al otorgar incentivos fiscales significativos y poco fundamentados —incluso en sectores donde el impacto adicional parece reducido— difícilmente constituye una estrategia sostenible de desarrollo.