Presos en cárceles bonaerenses se vuelven influencers en TikTok con miles de seguidores
La vida en las cárceles bonaerenses ha encontrado una nueva ventana al exterior: las redes sociales. A través de plataformas como TikTok, un número creciente de detenidos comparte aspectos de su rutina intramuros, acumulando miles de seguidores y generando un fenómeno de “influencers” tras las rejas.
Esta tendencia emerge en un contexto donde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) registra la habilitación de 48.693 teléfonos celulares para uso de los internos. La medida, que se implementó inicialmente durante la pandemia de COVID-19 para mantener el contacto familiar, hoy plantea interrogantes sobre su control y las implicancias de su uso.
El origen de la conectividad en prisión
La posibilidad de que los detenidos accedan a teléfonos móviles se remonta a la pandemia de coronavirus. Ante la imposibilidad de visitas presenciales y la necesidad de garantizar la comunicación con el exterior, las autoridades penitenciarias habilitaron el uso de estos dispositivos. Lo que comenzó como una medida excepcional para preservar vínculos esenciales, hoy ha derivado en un escenario imprevisto.
A pesar de la expansión del uso de celulares, las autoridades sostienen que las líneas habilitadas no están destinadas a la actividad en redes sociales. La premisa oficial es que los teléfonos deben utilizarse exclusivamente para llamadas o videollamadas con fines de contacto familiar o judicial, no para la creación y difusión de contenido público. Sin embargo, la realidad de las plataformas digitales parece contradecir esta normativa, evidenciando un desafío en la supervisión y aplicación de las reglas.
Debate sobre el control y la seguridad
El fenómeno de los “presos influencers” reabre el debate sobre la seguridad y el control dentro de las unidades penitenciarias. Mientras la tecnología busca facilitar la reinserción y el contacto social, su uso indebido puede generar riesgos, desde la vulneración de la privacidad hasta la potencial organización de actividades ilícitas. La existencia de miles de dispositivos y la dificultad para monitorear cada interacción en tiempo real plantean un complejo panorama para las autoridades.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de revisar y actualizar los protocolos de uso de la tecnología en contextos de encierro. Definir límites claros y establecer mecanismos efectivos de monitoreo y sanción se vuelve crucial para garantizar que el acceso a la comunicación cumpla su propósito original sin comprometer la seguridad ni la disciplina interna.
