Crímenes de la guerrilla: impunidad y asimetrías en la Justicia argentina
La historia judicial y política de Argentina exhibe una profunda asimetría en el tratamiento de los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras a partir de la década de 1960. Miles de crónicas, libros y sentencias, incluida la de la Cámara Federal en la emblemática causa 13/84 contra los comandantes de las Fuerzas Armadas, documentan asesinatos, atentados y secuestros perpetrados por grupos como Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que contaron con apoyo y financiamiento cubano y soviético.
El regreso a la democracia en 1973, con la asunción del presidente Héctor Cámpora, marcó un punto de inflexión. Un indulto presidencial y una amnistía dictada por el Congreso de la Nación liberaron a centenares de guerrilleros que habían sido procesados y condenados por la Justicia Federal. La sentencia de la causa 13/84, en pasajes que algunos prefieren omitir, señala que esta liberación impulsó a estas organizaciones a redoblar su accionar. Tras recuperar la libertad, arremetieron contra quienes los habían combatido y juzgado. Un caso emblemático fue el asesinato del juez federal Jorge Vicente Quiroga, de 48 años, acribillado por la espalda con 14 balazos, mientras otros magistrados y sus familias se vieron obligados a exiliarse.
Estos indultos y amnistías, que aún hoy amparan miles de crímenes, incluyen el asesinato de figuras notables como Oberdan Sallustro, presidente de Fiat, o el almirante Hermes Quijada, comandante del primer anevizaje en el Polo Sur. También se recuerda a víctimas menos visibilizadas, como el conscripto Hugo Vacca, conductor de un camión del Ejército, quien en 1971 sufrió un atentado terrorista en el que murió el teniente Mario Casúa y él quedó parapléjico, falleciendo cuatro años después.
Un historial de delitos y amnistías cruzadas
La sentencia de la causa 13/84 cuantifica un total de 21.462 delitos cometidos por organizaciones guerrilleras entre 1969 y 1979. Esta cifra incluye 1501 asesinatos, 5215 atentados con explosivos, 1748 secuestros, 65 copamientos de regimientos, comisarías y localidades, y 215 atentados contra medios de comunicación, entre otros graves crímenes. Todos estos hechos, con nombre y apellido de víctimas y victimarios, fueron inicialmente amnistiados por los indultos de 1973 y, posteriormente, por la Ley de Punto Final dictada por el Congreso Nacional durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Más tarde, el presidente Carlos Menem indultaría a las jerarquías de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla.
En enero de 1989, el copamiento del Regimiento 3 de La Tablada por el movimiento guerrillero Todos por la Patria, un desprendimiento del PRT, resultó en el asesinato de nueve militares y dos policías, además de más de 50 heridos. Todos los guerrilleros involucrados, incluyendo a un sacerdote, fueron indultados por el presidente Eduardo Duhalde.
La era Kirchner y la reversión judicial
La presidencia de Néstor Kirchner marcó un giro significativo en la política de derechos humanos. Con el apoyo de familiares de guerrilleros y organizaciones de izquierda, a quienes se les cedió el diseño de esta política, el Poder Judicial se embarcó en una nueva etapa. Una flamante mayoría de la Corte Suprema declaró la invalidez de la Ley de Punto Final, pero de manera selectiva: solo respecto de las fuerzas del orden. Esta doctrina inauguró la era de los llamados “juicios de lesa humanidad” por hechos ocurridos 30, 40 o incluso 50 años atrás.
A partir de entonces, familiares de guerrilleros y organizaciones de izquierda persiguieron a quienes los habían combatido y juzgado desde 1973. Más de tres mil hombres y mujeres de las fuerzas armadas, de seguridad y de servicios penitenciarios, así como más de 35 jueces y fiscales federales, fueron detenidos. La asimetría se hizo evidente: mientras el brigadier Orlando Ramón Agosti, comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar, fue condenado en la causa 13/84 a cuatro años y medio de prisión, en 2022 el excabo de la Fuerza Aérea Julio Narciso Flores, quien tenía 18 años al momento de los hechos y hoy es un anciano, fue sentenciado a 25 años de prisión. En contraste, el exterrorista Raúl Argemí, señalado como autor del asesinato del doctor Quiroga, fue apresado, juzgado y condenado, pero se le conmutó la pena y se lo indemnizó con 209.409 dólares por los 11 años que pasó en la cárcel.
Dejar firme la amnistía para los guerrilleros y revocarla para soldados, policías, jueces y fiscales que los combatieron o juzgaron ha sido interpretado como un mensaje contundente para asegurar la impunidad de ciertos delitos y una advertencia para quienes combatan la delincuencia en el futuro. En estos procesos, incluso se han documentado casos inventados décadas después de los hechos, con el fin de prolongar el escarnio, el odio y multiplicar indemnizaciones y beneficiarios. La amnistía, tradición parlamentaria argentina para pacificar conflictos sociales, ha dejado de ser un instrumento de reconciliación debido a esta política y doctrina. Constituyen, a partir de una “política de Estado” que no varía, una demostración de impunidad para algunos y la base para asegurar la venganza sobre otros.
