Hidrovía: Nueva denuncia de la PIA por “direccionamiento” a días de abrir ofertas
La privatización de la Hidrovía Paraguay-Paraná vuelve a ser blanco de cuestionamientos por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El organismo, que investiga delitos contra la administración pública, ha elevado una nueva denuncia al fiscal Guillermo Marijuan, advirtiendo sobre un presunto “direccionamiento” y diversos “errores” en el pliego de licitación. Esta es la segunda vez que la PIA señala inconsistencias en el proceso que busca definir el futuro de la estratégica vía navegable.
La advertencia de la PIA llega en un momento clave: este martes está prevista la apertura de las ofertas económicas, un paso fundamental para la adjudicación del proyecto. A pesar de las objeciones planteadas, el cronograma oficial de la licitación parece mantenerse inalterable, generando incertidumbre sobre la transparencia y la legalidad del proceso.
Las objeciones de la PIA y el contexto de la licitación
La denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se centra en la posibilidad de que el pliego de bases y condiciones haya sido diseñado de forma tal que favorezca a determinados oferentes, limitando la competencia genuina. Este presunto “direccionamiento” podría traducirse en un perjuicio para el Estado y para los usuarios de la Hidrovía, al no garantizar la mejor propuesta en términos de costos y calidad de servicio.
La Hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor fluvial vital para el comercio exterior argentino y de la región, por donde se moviliza gran parte de la producción agrícola y minera. Su concesión implica la responsabilidad de dragado y balizamiento, tareas esenciales para asegurar la navegabilidad y la seguridad del transporte. La magnitud económica y estratégica del proyecto hace que cualquier irregularidad sea de extrema gravedad y requiera una investigación exhaustiva.
El rol del fiscal Marijuan y el futuro del proceso
La intervención del fiscal Guillermo Marijuan es crucial en este escenario. Las advertencias de la PIA, al ser elevadas a su despacho, ponen en sus manos la potestad de impulsar una investigación penal que determine si existen delitos en el marco de la licitación. La continuidad del proceso licitatorio, a pesar de estas denuncias, plantea interrogantes sobre la capacidad de los organismos de control para detener o revisar decisiones administrativas que podrían estar viciadas.
La apertura de las ofertas económicas el martes será un punto de inflexión. Si bien el proceso administrativo sigue su curso, la existencia de una denuncia formal por irregularidades graves podría generar repercusiones legales y políticas a futuro. La transparencia en la adjudicación de obras de infraestructura de esta envergadura es fundamental para la confianza pública y para el desarrollo económico del país.
