AySA: el Gobierno publicó los pliegos para la privatización de la empresa
El Gobierno nacional dio un paso fundamental en el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al publicar este viernes en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación. La medida, anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca la venta del 90% de las acciones de la compañía, con una expectativa de recaudación de aproximadamente US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda pública.
La Resolución 704/2026 oficializa el llamado a una licitación tanto nacional como internacional para desprenderse de las acciones que actualmente posee el Estado. Aunque no se ha fijado un precio base inicial, la operación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a AySA como una empresa “sujeta a privatización”, y en decretos posteriores que ajustaron el marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas.
El esquema de privatización diseñado por el Gobierno se desarrollará en dos fases. Primero, se licitará la venta de al menos el 51% de la compañía a un operador privado. Posteriormente, el porcentaje restante de las acciones estatales se colocará en bolsas y mercados. Es importante destacar que el 10% de las acciones se mantendrá en manos de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada, tal como establece la normativa vigente.
La licitación se llevará a cabo íntegramente a través de la plataforma Contrat.ar. El cronograma establecido fija el 12 de agosto como fecha límite para la formulación de consultas, mientras que la presentación de ofertas se extenderá hasta el 27 de agosto. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, se realizará la apertura de sobres.
Requisitos y condiciones para los oferentes
El proceso de privatización de AySA incluye la creación de una comisión evaluadora ad hoc y la asistencia técnica de la propia compañía y del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Los anexos de los pliegos detallan las condiciones que deberán cumplir las empresas interesadas en adquirir el control de AySA.
Entre los requisitos principales, se exige que el comprador demuestre experiencia concreta y probada en el manejo de sistemas de agua y cloacas. Si bien se habilita la participación de consorcios y fondos de inversión, el Gobierno ha establecido una serie de prohibiciones claras. No podrán participar empresas controladas por Estados extranjeros, firmas sancionadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID, compañías en estado de quiebra, o aquellas con antecedentes de corrupción o incumplimientos contractuales con el Estado.
Los interesados tendrán acceso a un Data Room, un espacio digital que contendrá información confidencial y detallada sobre AySA, lo que les permitirá realizar una evaluación exhaustiva antes de presentar sus ofertas. Los pliegos también estipulan que el Ministerio de Economía se reserva la facultad de suspender la licitación en cualquier momento, sin que esto genere obligación de indemnizar a los oferentes. Asimismo, la participación en el proceso implica la aceptación de las condiciones del nuevo contrato de concesión y del marco regulatorio reformado por el Gobierno.
Expectativas del Gobierno y alcance de AySA
El ministro Luis Caputo ha expresado en redes sociales su visión sobre la privatización, señalando que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”. En su cuenta de X, el funcionario enfatizó que este proceso se alinea con un modelo donde “el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”.
La privatización de AySA es uno de los pilares del plan del Gobierno para desinvertir en empresas públicas. La compañía desempeña un rol crucial, prestando servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Su cobertura alcanza a más de 15 millones de personas, con una infraestructura que incluye una red de agua que supera los 27.000 kilómetros y una red de cloacas que ronda los 19.000 kilómetros, según datos oficiales.
