Financiamiento universitario: la Corte Suprema recibió la causa, pero sin fecha de resolución
La Corte Suprema de Justicia ha dado ingreso formal a la causa que reúne a 59 universidades nacionales en un litigio contra el Poder Ejecutivo. Este paso coloca al máximo tribunal en condiciones de expedirse sobre la medida cautelar que exige al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. Sin embargo, aún no hay un plazo definido para que los jueces resuelvan.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) instó a la Corte este martes a pronunciarse “a la mayor brevedad posible” y a dejar firme la cautelar. Dicha medida fue dictada inicialmente por el juez de primera instancia Martín Cormick y luego ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. No obstante, su implementación se encuentra frenada debido a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que habilitó la intervención de la Corte.
Actualmente, la situación judicial presenta múltiples frentes. El juez Cormick tiene pendiente una decisión sobre el fondo del amparo, más allá de la cautelar. La Corte, por su parte, debe analizar el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la cautelar. Simultáneamente, la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar dispuesta por Cormick.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), argumenta que la Cámara debería restablecer la cautelar basándose en el artículo 258 del Código Civil y Comercial. Este artículo establece que, si una sentencia de Cámara confirma una de primera instancia, y se concede un recurso extraordinario, el apelado puede solicitar la ejecución de la sentencia, dando fianza. Manili sostiene que este artículo es “categórico” y permitiría la entrada en vigencia inmediata de la cautelar, sin esperar la resolución de la Corte Suprema.
Quejas por la estrategia del Gobierno y un hecho inédito
Las universidades expresan su preocupación por lo que consideran una estrategia del Gobierno para demorar los trámites judiciales. Entre sus cuestionamientos, señalan la recusación de todos los jueces, incluyendo a los tres ministros de la Corte Suprema, un paso que obliga al tribunal a resolver esas recusaciones antes de abordar el fondo de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, afirmó Pablo Manili, el abogado del CIN.
A pesar de las demoras, las instituciones celebraron la celeridad con la que la Corte dio ingreso formal al expediente, mediante una breve resolución que dice “Autos”. El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en redes sociales que esta expresión, abreviación de “Llamamiento de autos para despacho”, indica que la causa está a consideración de los ministros, aunque “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.
El recorrido de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, que busca reforzar los fondos para las universidades y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras un veto presidencial, ambas cámaras sostuvieron la ley. Aunque el Gobierno la promulgó en octubre, en el último día del plazo, nunca la aplicó, argumentando que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Esta situación llevó a los rectores a recurrir a la Justicia.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional el 29 de octubre de 2025. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento de los artículos 5 y 6, relacionados con las actualizaciones salariales y de becas. El Estado apeló esta medida el 29 de diciembre de 2025.
Finalmente, el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. Ante esto, el Gobierno presentó su recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema, y la Cámara lo concedió, lo que llevó a Cormick a suspender la implementación de la cautelar.
