Amnistía Internacional advierte por el ajuste y sus efectos en derechos humanos
Amnistía Internacional alertó este miércoles que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta “relevante” para Argentina en el contexto actual de ajuste fiscal. El organismo internacional recordó que la CIDH ya advertía que las decisiones del Gobierno sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estrictos estándares de “derechos humanos”.
“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía a través de un comunicado. Esta advertencia llega inmediatamente después de la masiva Marcha Federal Universitaria, que puso en evidencia las consecuencias concretas de la política de ajuste.
Estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública, uno de los pilares fundamentales del país.
Impacto de la resolución de la CIDH en la política argentina
Amnistía Internacional subrayó que las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también muestran “cómo el eventual desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar directamente a personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión”.
“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La Resolución 2/26 fue impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a cargo del relator Javier Palummo Lantes. Es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.
Esta resolución establece que los Estados deben “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Esto implica que las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden adoptarse como meramente económicas, sino que deben analizarse según su impacto en la garantía de derechos.
Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio”. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción— antes de recortar servicios esenciales. La corrupción, según la resolución, “puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.
Recortes presupuestarios en áreas sensibles
A este contexto se suma la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en áreas clave del Ministerio de Capital Humano. Entre ellas, se recortaron “$55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación, incluyendo fondos para alfabetización y compensación salarial docente”, consignó Amnistía.
El lunes último, mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto, y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, además de la poda en el presupuesto educativo.
Específicamente, el Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
