El Gobierno ratifica su postura tras la marcha universitaria y apunta a la Corte

La multitudinaria movilización que colmó la Plaza de Mayo y diversas ciudades del país para reclamar por el financiamiento universitario no alteró la postura del Gobierno nacional. Funcionarios de la gestión de Javier Milei niegan un ataque directo al sector educativo y vinculan las protestas a espacios políticos opositores, al tiempo que enfatizan la necesidad de auditar las “cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.

En este escenario, la Casa Rosada mantiene la expectativa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal debe expedirse sobre la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno y judicializada. Desde el Ejecutivo argumentan que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.

El eje de la judicialización y la mirada oficial

El reclamo central del documento final de la marcha apunta a que el Ejecutivo “incumple la regla democrática y constitucional básica” al no implementar la legislación. Sin embargo, una alta fuente de la Casa Rosada, consultada por LA NACION, resumió la posición oficial: “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”. Mientras tanto, el sistema universitario solicitó al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y acompañe su pedido.

La postura del Gobierno se ancla en que la ley del Congreso no especifica el origen de los fondos para el financiamiento. Esta posición fue ratificada tanto por fuentes en off del gobierno como por la Oficina de Respuesta Oficial en la red social X.

Presidente y funcionarios: la politización del reclamo

Durante el desarrollo de la protesta, el presidente Javier Milei replicó mensajes en redes sociales que buscaron partidizar la discusión. Tuits de figuras como Daniel Parisini (el Gordo Dan) que el Presidente avaló, afirmaban: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele”, o “Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar”.

Esta línea argumental fue anticipada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cercano a Santiago Caputo. En una entrevista radial, Álvarez sostuvo que en las universidades operan “dos corporaciones”: una “política”, asociada al radicalismo, y una “sindical”, vinculada al peronismo. “Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política”, declaró Álvarez sobre la masiva movilización.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, se insiste en la necesidad de “mostrar los números” y auditar las universidades. Fuentes de la cartera señalaron a LA NACION: “Sería preferible que quisieran hablar de los criterios de regularidad, del cobro a extranjeros, de auditorías. No creemos que marchar sea útil para lo que realmente se precisa, que es mejorar la calidad educativa y los índices de graduación, y utilizar eficientemente los recursos”. Además, acusaron a las universidades de solo importarles “la plata” y de ampararse en la autarquía para evitar rendiciones.

Acusaciones de la UBA y recortes presupuestarios

El documento final de la protesta, firmado por el CIN, universidades, la Federación Universitaria Argentina y gremios, denunció un financiamiento “crítico” y una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales entre 2023 y 2026, lo que ubica a los salarios universitarios en “su nivel más bajo de los últimos 23 años”.

En este contexto, la ministra Sandra Pettovello criticó a la UBA, acusándola de solicitar el 95% del refuerzo para hospitales universitarios y de mantener el financiamiento estatal sin arancelar a estudiantes extranjeros, mientras, según el Gobierno, adeuda el 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Pettovello anunció el lanzamiento del “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales” para transparentar información sobre alumnos, egreso, presupuesto y costo por graduado.

La ministra también respaldó mensajes contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien había acusado al Gobierno de “mentir sin vergüenza”, “inventar datos” y “bajar el presupuesto universitario a la mitad en dos años”.

Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales.

Mañana vamos a ser… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 12, 2026

Un día antes de la movilización, el Gobierno modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, que incluyó un ajuste de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, según la Decisión Administrativa 20/2026. Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se aseguró que estas adecuaciones no representan una desinversión, sino que buscan “garantizar la eficiencia del Estado” y priorizar el financiamiento directo sin afectar la educación ni la investigación científica.

Mientras la polémica crece, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantiene un perfil bajo y su silencio público.