Affaire AFA: un fallo judicial anuló la veeduría de la IGJ y «blinda» el acceso a la información
Un reciente fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha encendido las alarmas en el ámbito de la transparencia y el control de las asociaciones civiles en Argentina. La decisión judicial declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores informantes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), invalidando así un mecanismo clave para fiscalizar la gestión económica y financiera de la entidad.
La resolución de la Cámara también convalidó una cuestionada mudanza de domicilio de la AFA a un baldío en la provincia de Buenos Aires, un movimiento que, según especialistas, busca eludir los controles de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Ciudad de Buenos Aires, su organismo de fiscalización natural.
La AFA, como toda asociación civil, está sujeta al control estatal. Desde 2017, la IGJ ha formulado observaciones a los estados contables de la entidad, solicitando aclaraciones sobre partidas globales que sumaban más de 110 millones de dólares. Durante años, la AFA nunca respondió ni brindó explicaciones suficientes. La misma situación se repitió con la Superliga Profesional de Fútbol, otra asociación civil vinculada, que administra contratos de televisión y tuvo ingresos superiores a los 450 millones de dólares entre 2020 y 2024.
Ante la falta de respuestas, la IGJ cursó intimaciones formales. Si bien la AFA y la Superliga respondieron con algunas aclaraciones y documentación, estas fueron consideradas insuficientes. Para determinar si existían desvíos en el manejo económico o una desnaturalización de su función, la IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores informantes. El Ministerio designó a dos veedores, pero la AFA se resistió, impidiendo su acceso a las oficinas y la documentación.
Las implicancias del fallo judicial
El ex Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, se refirió al fallo como «otra oportunidad perdida en la búsqueda de transparencia». Vítolo explicó que la veeduría solicitada por la IGJ y dispuesta por el Ministerio de Justicia no constituía una intervención de la entidad ni un desplazamiento de sus autoridades. Era un mecanismo de fiscalización para obtener información, verificar documentación y elaborar informes técnicos, sin interferir con el manejo ordinario de la administración de la AFA.
«La decisión de la Cámara Civil de dejar sin efecto la veeduría y convalidar el cambio de domicilio de la AFA a un baldío abandonado de la zona de Pilar, para permitir que esa institución se cobije en la Provincia de Buenos Aires, donde sus autoridades nada le han preguntado por lo ocurrido entre 2017 y 2025 y que presumiblemente nada le preguntarán sobre los estados contables y financieros futuros, significa blindar el acceso a la información relevante de una institución significativa, dar cobijo al engaño de una falsa mudanza destinada exclusivamente a eludir controles y constituye una burla para la población.»
Según Vítolo, esta decisión impide conocer si los ingresos de la AFA por partidos de la selección, sponsorización y otros conceptos llegaron a las arcas de la asociación y cuál fue su destino real. También genera interrogantes sobre los gastos en viajes, compras, inversiones y los fondos asignados a la «falsa Universidad de la AFA».
Un sistema de control en jaque
El sistema argentino de asociaciones civiles se basa en organismos de fiscalización que controlan su accionar, dado que estas instituciones, al perseguir el bien común y ser autorizadas y controladas por el Estado, gozan de beneficios y privilegios inaccesibles para otras personas jurídicas privadas. La situación se agrava por la existencia de diversas causas judiciales que investigan supuestos hechos de corrupción vinculados a la administración de la AFA, con contratos en el exterior y posibles desvíos de fondos que ascenderían a cientos de millones de dólares.
La veeduría, en este contexto, podría haber servido para esclarecer hechos, validar procedimientos correctos, impugnar los incorrectos y recomendar correcciones. La expectativa ahora se centra en una posible revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, con la esperanza de que revoque un fallo que, según Vítolo, «ha intentado poner fin al ‘affaire’ AFA, blindando un pasado y un presente tan tristes y cuestionables en la administración de la asociación civil más importante de nuestro país y que constituye un símbolo para todos los argentinos».
