Golpe a los motochorros: ocho procesados y un cómplice muerto
La Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva para ocho integrantes de una temible banda de motochorros, responsable de una serie de asaltos millonarios en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La investigación, que se extendió por meses, reveló un complejo entramado criminal, con roles definidos y un sofisticado modus operandi que incluía el “marcaje” de víctimas y la utilización de monopatines eléctricos como parte de la vigilancia.
El caso que destapó la trama ocurrió el 17 de octubre pasado, cuando Julio M. E. y Daniel V. C. salieron de una financiera cercana al Obelisco con 14.000.000 de pesos. Fueron seguidos desde un monopatín eléctrico y luego por cuatro motos. La persecución culminó en la avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en Belgrano, donde los delincuentes rompieron ventanillas, golpearon al conductor y se apoderaron de la mochila con el dinero.
El hilo de robos millonarios y un desenlace fatal
Este no fue un hecho aislado. Cuatro meses antes, el 25 de junio de 2025, la misma organización criminal siguió a una familia desde un banco en San Nicolás hasta Palermo, tras haber cobrado 200.000 dólares por la venta de una propiedad. Al llegar a su domicilio, los ladrones los interceptaron con amenazas, logrando sustraer la mochila con el dinero tras un forcejeo.
La banda continuó con su accionar delictivo. El 4 de noviembre pasado, con una mecánica similar, los motochorros persiguieron a empleados de una empresa que transportaban $43.200.000 desde el microcentro hacia un banco en Vicente López. A la altura de Iberá y Cuba, en Núñez, los delincuentes aprovecharon un semáforo en rojo. Uno de ellos, identificado como Fernando Nahuel Marini, rompió la ventanilla del acompañante y exigió la mochila. En ese momento, el conductor del vehículo de las víctimas, que luego fue sobreseído, disparó su arma reglamentaria Glock. Marini resultó abatido y su cuerpo quedó en la esquina de Cuba e Iberá, junto a la mochila sustraída. Fue trasladado al Hospital Pirovano, donde se confirmó su muerte.
Pese a la muerte de uno de sus integrantes, la banda no detuvo su accionar. Casi dos meses después, lograron un nuevo botín de $28.260.000. Incluso se les adjudica el robo en una vivienda de Parque Patricios, donde sustrajeron electrodomésticos y dispositivos electrónicos, incluyendo un televisor de 50 pulgadas y una PlayStation 5.
La investigación: de hechos aislados a una red criminal
El juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola, a cargo de la causa, destacó en su resolución de 158 páginas cómo lo que inicialmente parecían hechos aislados, se reveló como una “actividad ilícita desplegada de manera reiterada por un conjunto de individuos dedicados principalmente a la comisión de delitos contra la propiedad”. El magistrado señaló que la banda contaba con un “grado relevante de estructuración interna” y disponía de vehículos y medios de comunicación para seleccionar víctimas que realizaban operaciones financieras y transportaban grandes sumas de dinero.
“El análisis comparativo de las modalidades operativas revela coincidencias en cuanto al despliegue logístico, la distribución de roles y la secuencia de ejecución. Se observa la reiteración de un esquema previamente detectado, consistente en la utilización de un sujeto a bordo de un monopatín eléctrico que oficia de ‘marcador’, encargado de identificar y seguir a la víctima desde el punto de partida, coordinando sus movimientos con motocicletas y con uno o varios automóviles adicionales destinados a brindar apoyo logístico”, explicó el juez Yadarola.
La investigación, liderada por la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli, contó con la colaboración del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal Argentina, y la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y la Brigada C de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.
Un avance clave se produjo al identificar uno de los autos utilizados en los robos, puesto a la venta en una agencia de Boedo. El número de contacto del vendedor, propietario del vehículo, permitió obtener intervenciones telefónicas y análisis de antenas, revelando “conversaciones con diversas personas que dieron la pauta de la existencia de una banda organizada con fines ilícitos”.
Entre los ocho procesados con prisión preventiva, no solo se encuentran los asaltantes, sino también el dueño de la agencia de autos que facilitaba la compraventa de los vehículos empleados en los delitos. El magistrado les imputa la participación en una asociación criminal dedicada a cometer ilícitos contra la propiedad, agravados por la intervención de tres o más personas y el uso de fuerza y violencia. Cuatro de los procesados contaban con condenas previas por delitos como robo, estafas y encubrimiento, lo que subraya la peligrosidad y reincidencia de la organización.
