El Gobierno busca destrabar el Senado con 45 nuevos pliegos judiciales
El Gobierno nacional remitió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales, tanto nacionales como federales, con el objetivo de destrabar las designaciones judiciales y obtener el respaldo de la oposición dialoguista. La estrategia busca asegurar los votos necesarios para la aprobación de estos postulantes, muchos de ellos propuestos para jurisdicciones del interior del país.
Este paquete de pliegos incluye candidatos para juzgados federales de la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata), así como para Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia), Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y la capital), Mendoza y San Juan. Del total, 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior y la provincia de Buenos Aires, mientras que 29 se destinan a tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Nombres clave y sus implicancias
Entre los postulantes más destacados figura Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Ponte, quien fue secretario del juez federal Ariel Lijo durante una década, actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Este organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, es crucial por su rol en las escuchas telefónicas, análisis forense y pericias en causas de alta complejidad.
El juzgado de Lomas de Zamora, actualmente a cargo de Luis Armella, investiga la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, vinculado a Claudio Chiqui Tapia de la AFA, que involucra a 16 clubes de fútbol. Además, su jurisdicción abarca el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, epicentro de causas por narcotráfico, terrorismo, contrabando y lavado de activos. Rodríguez Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, quien recientemente solicitó el cierre de la causa contra Manuel Adorni por un viaje a Nueva York, al no hallar delito. Es hijo de un ex intendente radical de General Lavalle.
Otro nombre relevante es el del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, cuyo pliego de renovación fue incluido. Pesino es conocido por haber dejado sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral. También se destaca la postulación de Florentino Malaponte para la Cámara Federal Rosario, Sala A, quien proviene de una familia con fuerte arraigo radical en Santa Fe y cercanía al gobernador Maximiliano Pullaro.
Asimismo, el Ejecutivo impulsó a Javier Cosentino para la Cámara Comercial, un pliego con un historial complejo que fue presentado por Mauricio Macri, retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado nuevamente, y ahora reflotado por la administración de Milei. El kirchnerismo lo había denunciado por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.
Otros candidatos incluyen a Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, reconocido por su rol pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy. La lista se completa con postulaciones para Chubut (Sebastián Pedro Ruíz), Tucumán (Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán), Chaco (María Virginia Ise), Misiones (Ruth María Ponce de León), Catamarca (Ana María Busleiman) y San Juan (Leopoldo Jorge Rago Gallo).
En Corrientes, se propuso a Hugo Daniel Froy como fiscal federal de Paso de los Libres, Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Para Mendoza, el pliego es de Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.
La negociación en el Senado y las vacantes judiciales
La movida del Gobierno responde a la exigencia de un sector de la oposición dialoguista en el Senado, que había condicionado su apoyo a la remisión de pliegos de jueces de interés para los gobernadores provinciales. Esta premisa fue tomada en cuenta por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien desde su asunción envió cerca de 150 postulantes al Senado. Actualmente, más del 35% de los juzgados en todo el país se encuentran vacantes.
La resistencia inicial de senadores radicales, peronistas disidentes, macristas y fuerzas provinciales había frenado los dictámenes para tratar los primeros pliegos. Faltaban firmas clave de legisladores de Tucumán, Corrientes, Misiones y Buenos Aires. La inclusión de candidatos de estas provincias busca revertir esa situación y facilitar el avance en la Comisión de Acuerdos.
La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, es la encargada de articular estos apoyos. Bullrich mantiene una comunicación constante con el ministro Mahiques, quien fue designado por Karina Milei para cubrir las más de 300 vacantes en el Poder Judicial. En su rol de interlocutora principal del Gobierno en la Cámara alta, Bullrich es receptora de las quejas de los sectores de la oposición, cuya satisfacción es vital para la aprobación de las leyes del Poder Ejecutivo.
A pesar de la complejidad, la rebelión no alcanza al pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, quien busca extender su mandato por cinco años más al cumplir 75 años en noviembre. Las audiencias para los últimos 39 candidatos, incluyendo nombres controvertidos como Emilio Rosatti (hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti) y Laureano Durán, con supuestos vínculos con el kirchnerismo, continuarán el próximo miércoles y jueves. El oficialismo niega la cercanía de Durán al kirchnerismo y recuerda su acercamiento a María Eugenia Vidal durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires.
